TIJUANA, B.C. — Tras la reciente actualización de la lista de personas y empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el Gobierno de Baja California emitió un posicionamiento para desvincular a la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda de los señalamientos, aclarando su situación legal y patrimonial frente al caso.
El gobierno estatal precisó que Avila Olmeda no forma parte de las personas designadas por la agencia estadounidense. Asimismo, subrayó que la mandataria se encuentra legalmente divorciada de Carlos Torres Torres —quien ha sido vinculado públicamente con las menciones— y que el único vínculo que mantienen es la paternidad compartida de su hijo.
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En materia patrimonial, la administración estatal sostuvo que la gobernadora no posee cuentas bancarias ni propiedades fuera de México, afirmando que sus bienes se encuentran debidamente asentados en sus declaraciones ante las instancias fiscalizadoras del país.
Como medida preventiva a nivel administrativo, el Ejecutivo local ordenó a la Oficialía Mayor revisar el padrón de proveedores y contratistas para determinar si alguna de las razones sociales sancionadas por el Departamento del Tesoro ha obtenido contratos públicos en el estado. En caso de detectarse coincidencias, los expedientes serán canalizados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para los procedimientos legales conducentes.
Finalmente, la postura oficial recalcó que el Gobierno del Estado no fungirá como vocero ni asumirá la defensa de los particulares aludidos por las autoridades estadounidenses, correspondiendo a los propios señalados responder directamente ante las instancias investigadoras sobre su situación jurídica.
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