- La propuesta, respaldada por 38 organizaciones civiles y analizada en la Cámara de Diputados, busca crear un Sistema Nacional de Atención Oncológica, un fondo de financiamiento sostenible y un registro nacional obligatorio.
TIJUANA, B.C. — Con el objetivo de garantizar una atención oncológica integral y evitar el abandono de tratamientos por cambios de gobierno, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Unión analiza incorporar la propuesta de reforma a la Ley General de Salud elaborada por la sociedad civil organizada.
La iniciativa, impulsada por la Comisión para la Atención Integral del Cáncer en México (CAIC) —un bloque de 38 organizaciones entre las que participa Pro Oncavi A.C.—, busca institucionalizar la atención médica oncológica como una política de Estado de largo plazo que atienda todos los tipos de cáncer con equidad.
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El proyecto técnico plantea cuatro ejes estructurales urgentes para el sistema de salud mexicano:
- Creación del Sistema Nacional de Atención Integral al Cáncer: Un órgano transversal, vinculante e interinstitucional para articular la prevención y el tratamiento a nivel nacional.
- Programa Nacional de Prevención y Control del Cáncer (PRONACC): Estrategia con proyección transexenal para blindar la atención contra vaivenes políticos.
- Registro Nacional de Cáncer obligatorio: Mecanismo de interés público para generar datos fidedignos que fundamenten las decisiones presupuestales y sanitarias.
- Fondo Oncológico y permanencia oncoinfantil: Financiamiento sostenible para reducir el gasto de bolsillo en supervivientes y una cláusula de transición para que adolescentes que cumplan 18 años continúen su tratamiento pediátrico sin suspensiones burocráticas.
Edith Pérez Velázquez, directora de Pro Oncavi A.C., destacó que el documento legislativo representa más de cuatro años de trabajo conjunto entre médicos especialistas, pacientes, academia y colectivos ciudadanos iniciados formalmente en 2022.
La discusión legislativa de esta reforma pondrá a prueba la disposición del Congreso para responder a las demandas históricas de abasto, cobertura diagnóstica oportuna y financiamiento digno que aquejan a miles de familias en el país.
