Por Redacción
Una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos destapó una estructura de protección política, sobornos y lavado de dinero que opera en las cúpulas de Baja California en favor de la facción de «Los Rusos», célula del Cártel de Sinaloa. El golpe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 46 objetivos (21 personas físicas y 25 morales), entre los que figuran el exesposo de la gobernadora de la entidad, Carlos Alberto Torres Torres, su hermano Luis Alfonso Torres, y el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García.
Tras la notificación de Washington, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana reaccionó incorporando a los señalados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Aunque Hacienda reconoció que detectó «operaciones financieras de riesgo e irregularidades», matizó la acción al catalogarla únicamente como una «medida preventiva de carácter administrativo» que no prejuzga culpabilidad penal y deja abierta la puerta a recursos de impugnación.
De acuerdo con el expediente estadounidense, la capital del estado, Mexicali, se encuentra bajo el control criminal de Juan José Ponce Félix, alias «El Ruso», gracias al blindaje institucional orquestado desde el poder público. La OFAC ubica a Carlos Torres como un operador político clave que aprovechó su influencia para frenar operativos policiales contra el cártel y garantizar impunidad a cambio de sobornos; señalamientos que ya le habían costado la cancelación de su visa estadounidense en mayo de 2025.
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El entramado de colusión abarcaba también a los mandos de seguridad local. Pedro Ariel Mendívil García, exjefe policial de Mexicali, es señalado de entregar la corporación municipal al servicio de la organización criminal para resguardar cargamentos y operativos internos. Los reportes financieros de EE. UU. indican que el hermano del exconsorte estatal, Luis Alfonso Torres, fungía como recaudador de estas cuotas ilícitas y las blanqueaba mediante campañas electorales y empresas privadas.
Entre las entidades mercantiles fichadas bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224 se encuentran constructoras, firmas gastronómicas y comercializadoras vinculadas a Luis Torres (como Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar y Vida Orgánica Tijuana), así como el Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, atribuido a Mendívil.
La lista de sancionados incluye además al exasesor legislativo Rafael Buenrostro Martín y a la red de operadores financieros liderada por José Ángel Rivera Zazueta y el traficante Diosvany Samuel Chapotín Villalba, quienes movilizaban ganancias del narcotráfico a través de criptomonedas, transferencias en bancos estadounidenses y negocios locales como Mía Centro Cambiario y transportes Rivos.
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