Vecinos de Tijuana acusan a Carlos Rodolfo Montero Vázquez de proteger judicialmente a una constructora vinculada al arrendamiento de oficinas del propio Tribunal.
TIJUANA, B.C., noviembre de 2026.— Residentes de tres fraccionamientos de Tijuana presentaron ante el Congreso de Baja California una solicitud formal de juicio político contra Carlos Rodolfo Montero Vázquez, magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), a quien señalan por presunto conflicto de interés, tráfico de influencias y protección judicial a una empresa inmobiliaria que actualmente es arrendadora de la misma institución.
La denuncia, promovida por la Asociación de Vecinos Hacienda Agua Caliente, A.C. —encabezada por Alma Artemiza Flores González— en representación de habitantes de Hacienda Agua Caliente, Lomas de Agua Caliente Sexta Sección y Las Plazas, exige además frenar cualquier intento de designar a Montero Vázquez como titular de la nueva Magistratura Especializada en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, cargo contemplado en la iniciativa de reforma ingresada al Legislativo el pasado 2 de octubre.
El vínculo comercial y las sospechas de prestanombres
El núcleo de la acusación radica en la relación entre el juzgador y la empresa constructora MYO BC, S.A. de C.V. De acuerdo con el documento entregado a los diputados, esta compañía aparece como arrendadora de seis locales comerciales en Plaza Patria, Tijuana, donde operan oficinas del TEJA desde 2018. Dicho contrato fue renovado por el Pleno Administrativo del Tribunal el 15 de enero de 2026, con vigencia hasta diciembre de este año.
Los promoventes solicitan a la Comisión Instructora del Congreso requerir información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para verificar la capacidad económica real de MYO BC y descartar el uso de prestanombres. Según testimonios de trabajadores recabados por los vecinos, el verdadero beneficiario de la constructora sería el propio magistrado Montero Vázquez, mientras que en actas figuran como accionistas Iliana Patricia Burgueño Rodríguez (99 %) y Álvaro Rafael González Contreras (1 %).
Obra irregular y retiro de sellos municipales
El conflicto se remonta a marzo de 2023, cuando MYO BC inició una edificación en la calle Jazmines de Lomas de Agua Caliente Sexta Sección. Aunque las licencias municipales de 2022 solo autorizaban viviendas unifamiliares de dos niveles, la empresa levantó un inmueble multifamiliar de cuatro pisos sin director responsable de obra, memoria de cálculo ni estudio de mecánica de suelos. En agosto de 2023, la Dirección de Administración Urbana de Tijuana dictaminó que el proyecto incumplía el uso de suelo y representaba un riesgo estructural de colapso.
Pese a que el Ayuntamiento clausuró la obra el 6 de julio de 2023, cinco días después personal del Juzgado Cuarto del TEJA —cuando Montero Vázquez presidía el Tribunal— acudió a retirar los sellos municipales tras conceder una suspensión judicial dentro del juicio 181/2023 J.C. Los denunciantes añaden que, tras esa diligencia, vehículos con placas oficiales del Tribunal realizaron rondines diarios frente a la construcción y que el propio magistrado intervino personalmente en una reunión en Mexicali para defender el proyecto ante los quejosos.
Revés en tribunales federales
La controversia escaló al ámbito federal el 9 de marzo de 2026, cuando el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Baja California concedió el amparo 726/2025. El fallo federal ordenó dejar sin efecto una resolución del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de Tijuana (expediente 27/2024) que había validado el cambio de uso de suelo a favor de MYO BC sin garantizar el derecho de audiencia de los vecinos afectados.
Ante estos antecedentes, la asociación civil demandó al Congreso local iniciar el procedimiento de juicio político, realizar un peritaje sobre el costo real de la obra frente a los ingresos declarados por la constructora y garantizar que la nueva magistratura anticorrupción no recaiga en un perfil cuestionado por presuntos actos de parcialidad.
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