BOGOTÁ . Autoridades detuvieron en Colombia a Luis Benítez Alcántara, juez federal de distrito en la Ciudad de México, requerido por la justicia de Estados Unidos bajo la acusación de haber recibido un soborno de dos millones de dólares para excarcelar a Andrew Clark, segundo al mando de una violenta red transnacional de tráfico de cocaína.
El arresto expone una trama de colusión judicial en los procesos de extradición hacia el país del norte. De acuerdo con el expediente abierto en el Distrito Central de California, Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos federales por encubrimiento (accessory after the fact), delito por el cual Washington solicitará su extradición inmediata desde territorio colombiano y que contempla penas de hasta 15 años de prisión por cada imputación si resulta culpable.
Las indagatorias señalan que el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que recibió el pago íntegro de los dos millones de dólares a través de intermediarios, Benítez utilizó su facultad jurídica para conceder fianza y ordenar la liberación indebida de Clark. El operador canadiense había sido aprehendido en México en octubre de 2024 para enfrentar cargos por narcotráfico y homicidio en EE. UU., cuyo proceso de entrega formal estaba precisamente bajo la tutela de dicho juzgado.
Pese al fallo que facilitó su salida, Clark fue recapturado días después por las autoridades y entregado a custodia estadounidense, donde permanece bajo proceso penal.
El beneficiario directo de la maniobra judicial fungía como lugarteniente de Ryan James Wedding, exatleta olímpico de snowboard de Canadá convertido en líder de una organización criminal a gran escala con enlaces en Colombia, México y Norteamérica. Wedding, quien estuvo en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, fue aprehendido en suelo mexicano en enero de 2026 y espera enfrentar dos juicios separados programados para marzo y octubre de 2027.
La detención de Benítez Alcántara fue coordinada por agencias federales estadounidenses, la Policía Nacional de Colombia y autoridades de Interpol, en un operativo conjunto que deja en evidencia las redes de complicidad que operan dentro del sistema penal mexicano en beneficio del crimen trasnacional.
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