Redacción RBC
Resulta un ejercicio de profunda incongruencia que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, emita un posicionamiento exigiendo transparencia, fiscalización a proveedores y rendición de cuentas a los órganos electorales, cuando su propia gestión y su círculo más cercano están marcados por sombras de opacidad.
¿Con qué cara se atreve a respaldar públicamente los filtros de probidad de la Presidencia de la República cuando su administración ha concedido contratos públicos a empresas e incluso a una sociedad vinculada a su entorno personal que terminaron fichadas y sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense?
La narrativa oficial de la mandataria estatal se derrumba al primer contacto con los hechos recientes que sacuden a su gobierno. No podemos pasar por alto que tanto a ella como a su entonces esposo se les retiró la visa de ingreso a Estados Unidos, un hecho de extrema gravedad política que los obligó a ensayar explicaciones evasivas ante la opinión pública. Pretender ahora enfocar los reflectores hacia las estructuras de contratación de los organismos electorales —bajo el argumento de desterrar la corrupción— es una maniobra de distracción burda para desviar la atención de sus propias tormentas financieras y judiciales.
El colmo del cinismo institucional radica en ordenar auditorías tardías y deslindes burocráticos a través de la Oficialía Mayor local, intentando desvincularse de las empresas señaladas por el gobierno estadounidense de tener nexos con redes del narcotráfico. La mandataria olvida convenientemente que la debida diligencia en el uso de los recursos públicos no se promete mediante boletines de prensa, sino que se ejerce con integridad desde el primer día. Las investigaciones sobre contratos millonarios otorgados a entidades sancionadas por operaciones ilícitas no pueden quedar en simulaciones administrativas ni en remisiones a oficinas locales de control a modo.
Apelar a la Cuarta Transformación y a los principios de honestidad mientras se arrastran cuestionamientos tan delicados sobre el manejo de la administración pública y los vínculos corporativos de su administración deslegitima cualquier discurso moral. Respaldar a la titular del Ejecutivo federal sirviéndose de un escudo retórico no borra las investigaciones en curso ni el desprestigio internacional que pende sobre la clase política bajacaliforniana.
Exigir limpieza a los demás cuando la propia casa está inundada de sospechas no es congruencia, es pura hipocresía política. La democracia y la confianza ciudadana en Baja California no se recuperarán con posicionamientos plagados de retórica oficialista, sino con dimisiones claras, rendición de cuentas sin filtros y una investigación a fondo que no proteja a los aliados de ayer ni a los socios de hoy.
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