TIJUANA, B.C. — Con un incremento del 8% en los delitos cometidos por adolescentes en Baja California durante el último año y un repunte nacional de más del 50% en imputaciones, el sistema de justicia juvenil continúa operando de forma reactiva y tardía ante la falta de políticas efectivas de prevención, advirtió la Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco”.
Durante una ponencia ante integrantes de la Asociación de Periodistas de Baja California (ANPAC BC), la presidenta del organismo civil, Estefanía Campos García, señaló que las autoridades intervienen cuando el tejido social ya está roto: “Estamos llegando cuando ya hay una víctima, una familia lastimada y un adolescente enfrentando un proceso penal. Necesitamos actuar antes: escuchar a nuestros jóvenes, atender su salud mental y ofrecerles oportunidades reales lejos de la violencia”.
Los registros oficiales reflejan el deterioro de la problemática: entre mayo de 2025 y agosto de 2026, las personas sujetas al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en Baja California pasaron de 384 a 474 casos (un alza de 90 personas bajo seguimiento jurídico). A nivel nacional, las cifras del INEGI reportan un alza del 55.4% de adolescentes procesados por presuntos delitos entre 2021 y 2024.
Campos García subrayó que el problema no se resolverá depositando la carga únicamente en los hogares o aprobando reformas aisladas en el Congreso, sobre todo en contextos donde las familias enfrentan violencia, precariedad o el asedio directo del crimen organizado. “La prevención necesita acompañamiento y autoridades que respondan cuando una familia pide ayuda”, fustigó.
Frente a este escenario, la Barra de Abogadas presentó una propuesta técnica dirigida a reforzar la justicia especializada, garantizar una reparación integral a las víctimas e implementar esquemas reales de reinserción y seguimiento comunitario tras el egreso penal, a fin de evitar la reincidencia de los jóvenes en la entidad.
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