El Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto para expedir la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, el cual fue avalado en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra. En lo particular, las propuestas de modificación presentadas por legisladores no fueron aceptadas, por lo que los artículos reservados quedaron aprobados con 72 votos a favor y 37 en contra, remitiéndose el dictamen al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
La legislación tiene como propósito «promover la adopción e implementación de estas modalidades de pago en los trámites gubernamentales, así como en la adquisición de bienes y servicios». Entre las disposiciones normativas se contempla la incorporación de la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza, el uso de códigos QR, NFC, tarjetas de débito y crédito, domiciliación y transferencias, así como la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar sectores estratégicos en los que solo se acepte la modalidad digital, contemplando el uso de efectivo o cheque únicamente ante contingencias.
A favor del dictamen, el senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, destacó que la digitalización representa una oportunidad para «modernizar el sistema financiero mexicano, ampliar la inclusión económica y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas». Por su parte, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara precisó que la norma no obliga a realizar todas las operaciones por medios digitales, mientras que el senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo aseguró que las reformas «no buscan eliminar el uso del efectivo, sino ampliar las alternativas de los pagos digitales».
En contraste, legisladores de la oposición manifestaron sus reservas respecto al impacto de la medida. El senador José Máximo García López, del PAN, sostuvo que con esta ley buscan «meter por la fuerza al Servicio de Administración Tributaria «entre el esfuerzo del trabajador y el pan de su familia y así sacarle los últimos centavos del bolsillo a la gente»».
Asimismo, la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora, del PRI, señaló que la propuesta «amenaza la libertad de los ciudadanos para elegir su forma de pago y afecta directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas» debido a los costos de conectividad y comisiones bancarias.
Por su parte, la senadora Juanita Guerra Mena, del PVEM, manifestó que la legislación contempla acciones para «ampliar la inclusión financiera, facilitar la contratación digital de servicios y modernizar los trámites públicos».
En contraposición, el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la reforma pone una barrera al señalar que si alguien no tiene cuenta bancaria, internet o acceso a estos sistemas, «»entonces quedas fuera y eso no es inclusión»».
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