TIJUANA.— A través de un posicionamiento conjunto, las alcaldesas y los alcaldes de los siete municipios de Baja California exigieron que cualquier señalamiento público o legal contra servidoras públicas sea evaluado bajo el principio de responsabilidad individual, advirtiendo que ninguna mujer debe ser tratada como extensión de sus parejas o exparejas.
El documento surge en medio de recientes controversias públicas en la entidad, ante las cuales los munícipes subrayaron que las trayectorias de las funcionarias deben ser respetadas sin desdibujar su labor institucional a partir de actos o señalamientos atribuidos a terceras personas.
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En su pronunciamiento, las autoridades locales enfatizaron que corresponde exclusivamente a las instancias competentes desahogar las investigaciones y aclaraciones correspondientes, con estricto apego al marco legal y al debido proceso.
Asimismo, señalaron que la agenda gubernamental, el desarrollo de infraestructura y la atención a las comunidades requieren mantener la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, por lo que llamaron a priorizar la institucionalidad frente al debate mediático.
La postura fue respaldada por Claudia Agatón Muñiz (Ensenada), Norma Bustamante Martínez (Mexicali), Rocío Adame Muñoz (Playas de Rosarito), Román Cota Muñoz (Tecate), Ismael Burgueño Ruiz (Tijuana), José Luis Dagnino López (San Felipe) y Miriam Cano Núñez (San Quintín).
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