El congelamiento de cuentas bancarias derivado de las recientes alertas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos no confirma la existencia de vínculos con el crimen organizado, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras las medidas aplicadas a intermediarios financieros y exfuncionarios de Baja California donde se implica al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria sostuvo que los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) siguen el protocolo habitual ante listas del Departamento del Tesoro, y puntualizó que hasta el momento «no hay ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y de la casa de bolsa con algún asunto de delincuencia».
Sheinbaum explicó que el organismo administrativo detectó inconsistencias financieras en varios de los perfiles señalados, lo que derivó en la suspensión preventiva de sus fondos. Sin embargo, matizó el alcance de las pesquisas al recalcar que la presencia de irregularidades en los registros contables no demuestra por sí misma relaciones con organizaciones delictivas.
Asimismo, la presidenta detalló que el marco legal permite aplicar bloqueos precautorios sin que esto derive de forma automática en una denuncia formal, pues los afectados conservan el derecho de audiencia ante la propia UIF para justificar y desahogar el origen de sus recursos.
Finalmente, Sheinbaum Pardo aclaró que la situación jurídica de los involucrados es dispar, reconociendo que mientras algunos de los perfiles sancionados ya contaban con carpetas de investigación previas en la Fiscalía General de la República, en otros casos no existen procesos judiciales abiertos.
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