PLAYAS DE ROSARITO.- En Baja California se registra el cierre de una unidad económica cada 57 minutos a causa del cobro de piso, la extorsión de autoridades municipales, la falta de infraestructura básica y una creciente asfixia regulatoria, denunció el senador por el Partido Acción Nacional (PAN), José Máximo García López, durante un encuentro con la agrupación “Unidos por Rosarito”.
El legislador señaló que el sector productivo enfrenta un escenario crítico marcado por el avance de la economía informal —que ya absorbe cerca del 54% de la actividad en el país—, lo que precariza los derechos laborales al dejar a miles de trabajadores sin seguridad social, servicios médicos ni fondos de retiro, al tiempo que merma la recaudación estatal.
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A este panorama sumó el desabasto estructural de agua y energía eléctrica, el rezago en inversión pública derivado de la concentración presupuestal en proyectos federales, y la falta de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra en la entidad.
García López enfatizó que la extorsión a comercios y empresarios no proviene únicamente de grupos delictivos, sino de funcionarios públicos en diversos ayuntamientos de la entidad, práctica que calificó como un esquema institucionalizado y coordinado para exigir cobros indebidos.
El senador también acusó un uso faccioso del aparato judicial, ejemplificándolo con el proceso contra el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, a quien se le dictó reclusión en un penal de alta seguridad sin sustento documental suficiente, mientras se mantiene impunidad ante denuncias de colusión que involucran a perfiles afines al partido en el poder. Ante ello, convocó a la ciudadanía a ejercer una fiscalización permanente sobre los actos de gobierno y recurrir a la protesta civil informada.
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ReporteBC 