CIUDAD DE MÉXICO. — La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró la vinculación a proceso de ocho personas presuntamente ligadas a una compleja red de contrabando, importación e intermediación ilegal de derivados del petróleo.
Las resoluciones y medidas cautelares
Durante la continuación de la audiencia inicial, un juez de control ratificó la detención y otorgó la vinculación a proceso tras validar los datos presentados por el Ministerio Público Federal. Se fijaron las siguientes medidas para los imputados:
- Prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO 1 «Altiplano»:
- Ernesto “N”, Ricardo “N” y José “N” — Procesados por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
- Juan “N” y Luis “N” — Procesados por delincuencia organizada y contrabando.
- Prisión preventiva en domicilio:
- Guillermo “N” y José María “N” — Procesados por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
- Prisión preventiva en el Centro Penitenciario Nezahualcóyotl Sur:
- Adriana “N” — Procesada por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
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El modus operandi de la red
Las detenciones derivan de un operativo conjunto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La investigación documentó maniobras de simulación e irregularidades en aduanas para ingresar combustible al país:
Esquema detectado: Introducción de combustibles mediante declaraciones falsas o incompletas ante la autoridad fiscal, reportando menor volumen al real o clasificándolo bajo otras fracciones arancelarias para evadir el pago de impuestos.
De acuerdo con las autoridades, este tipo de esquemas no solo causa un desfalco directo a la hacienda pública, sino que opera como una fuente primordial de financiamiento para estructuras del crimen organizado.
Principio de presunción de inocencia
La FGR recordó que, conforme a la normativa penal vigente, a todas las personas imputadas se les presume inocentes en tanto no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.
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