Organismos como CONCANACO, CANACAR y CANACINTRA advierten que 1.4 millones de establecimientos sufrieron delitos en 2025, con Baja California encabezando la tasa nacional de victimización.
Tijuana. — Ante pérdidas anuales estimadas en 115 mil 100 millones de pesos por inseguridad, cúpulas empresariales y representantes de negocios familiares suscribieron en esta frontera un acuerdo nacional para exigir el cese de la extorsión y la corrupción que asfixian la operación comercial e industrial del país.
El convenio, denominado “Revolución de las Conciencias es tarea de todas y de todos, un compromiso contra la Extorsión y la Corrupción”, fue encabezado en el Centro Cultural Tijuana (CECUT) por la CONCANACO SERVYTUR, CANACAR, CANACINTRA y la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (G32), con participación remota de 32 entidades, 80 cámaras de comercio, 38 delegaciones industriales y 258 cámaras confederadas.
Durante la 4ª Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares, el presidente de CONCANACO, Octavio de la Torre de Stéffano, señaló que el sector productivo enfrenta una doble tributación forzada: cumplir con las obligaciones fiscales ante la ley y pagar cuotas ilegales al crimen organizado o a redes de corrupción.
La urgencia del pacto responde a cifras de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del INEGI. Durante 2025, cerca de 1.4 millones de unidades económicas (25.9% del total) fueron víctimas de algún ilícito, con un costo promedio de 44 mil 560 pesos por establecimiento. La extorsión concentró el 26.2% de los delitos empresariales, mientras que el 91.8% de los casos no se denunciaron. Baja California, sede del encuentro, registró la tasa más crítica del país con 3,965 negocios afectados por cada 10 mil.
Para revertir este panorama, el bloque empresarial demandó aplicar la Ley General en Materia de Extorsión mediante mecanismos de denuncia segura, evaluaciones periódicas, eliminación de trámites discrecionales y la operación de herramientas de reporte anónimo, como los kioskos digitales implementados en Tijuana.
Asimismo, el sector planteó la creación de un Acuerdo Nacional por la Formalidad para atender a los 32.6 millones de trabajadores que operan fuera del marco legal (54.3% de la población ocupada). Entre las medidas propuestas destacan recortar al menos 50% la carga efectiva del impuesto sobre nóminas e instaurar incentivos fiscales que detonen el empleo formal.
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