Facultad de Hacienda para prohibir el efectivo vulneraría la libertad de comercio: advierten especialistas

Facultad de Hacienda para prohibir el efectivo vulneraría la libertad de comercio: advierten especialistas

El artículo 13 de la nueva Ley de Economía Digital permite a la SHCP imponer los pagos electrónicos como única vía en sectores estratégicos, lo que abre la puerta a impugnaciones constitucionales y riesgos de exclusión financiera.

TIJUANA.- La facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para prohibir el uso de dinero en efectivo en determinados sectores económicos, contemplada en la recién aprobada Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, coloca en riesgo la libertad de comercio y la libre concurrencia en México, advirtió el maestro Leonardo Abarca Jiménez, socio director de Grupo UNO Abogados.

En vigor desde el pasado 5 de noviembre tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la normativa busca incentivar las transferencias, tarjetas y códigos QR. Sin embargo, el especialista señaló que el artículo 13 otorga a Hacienda la atribución discrecional de definir «sectores estratégicos y actividades relevantes» donde los medios electrónicos serán la única forma de pago aceptada.

De acuerdo con el jurista, esta imposición entra en colisión directa con garantías individuales y marcos legales vigentes:

  • Violación al artículo 5 constitucional: Al obligar a los establecimientos a operar exclusivamente mediante vías digitales, el Estado condiciona el derecho de los ciudadanos a dedicarse libremente al comercio, imponiendo costos operativos que muchos negocios no pueden absorber.
  • Afectación a la libre concurrencia (artículo 28): La dependencia forzosa de intermediarios financieros crea barreras de entrada, expone a los pequeños comerciantes al pago de comisiones bancarias y los vuelve vulnerables ante fallas tecnológicas o de conectividad.
  • Falta de certeza jurídica y contravención a la Ley Monetaria: La legislación no establece parámetros técnicos, económicos ni sociales claros que delimiten bajo qué criterios Hacienda podrá vetar el efectivo, además de contradecir las disposiciones de la Ley Monetaria sobre el curso legal de la moneda.

Asimismo, Abarca Jiménez subrayó que la restricción del efectivo impacta de manera regresiva a los consumidores sin acceso a servicios bancarios o internet, limitando su derecho básico a adquirir bienes y servicios.

Ante este escenario, puntualizó que existen elementos jurídicos sólidos para impugnar la aplicación de la norma cuando sus efectos resulten desproporcionados. «La modernización financiera no debe convertirse en una imposición que limite libertades económicas; el reto del Estado debe ser ampliar las opciones de pago, no obligar a renunciar al efectivo», concluyó.


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