El Cabildo de Tijuana autorizó explorar una salida negociada al conflicto legal que mantiene el municipio con la empresa operadora del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT). La medida busca poner fin a un contrato firmado en 2016 con vigencia original hasta 2046, en medio del riesgo de una sentencia judicial desfavorable que obligue a la ciudad a pagar el 100% de la indemnización reclamada más actualizaciones acumuladas.
El acuerdo de Cabildo faculta a la autoridad municipal a buscar un convenio que no sobrepase el 50% de la cifra en litigio. De acuerdo con el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, la determinación no implica todavía un desembolso ni fija una cantidad económica definitiva, sino que abre el análisis legal y financiero para mitigar el impacto presupuestal que heredaría la actual o la siguiente administración local.
El origen de la disputa y la urgencia de cerrar el expediente se vincula también con la transferencia pendiente del transporte al Gobierno del Estado de Baja California. Aunque la Ley de Movilidad Sustentable de 2020 ordenó pasar el SITT al Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), administraciones anteriores omitieron el proceso. En mayo de 2026, el Poder Ejecutivo estatal emplazó formalmente al Ayuntamiento para concretar dicho traspaso, obligando a resolver la carga jurídica del contrato antes de entregar el sistema a la jurisdicción estatal.
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