Por Redacción
Ciudad de México, 20 de octubre de 2026.— La iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos impulsada por el bloque oficialista representa un instrumento recaudatorio y de cibervigilancia fiscal que amenaza la subsistencia del comercio tradicional, denunció en el Senado el legislador por Baja California, Max García, a nombre de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).
El proyecto legislativo pretende otorgar facultades a la Secretaría de Hacienda mediante su artículo 13 para restringir por decreto el uso de dinero en efectivo, pasando por alto la realidad económica del país. Datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera revelan que el 85.2% de las compras menores a 500 pesos se realizan en efectivo y que el 45% de la población adulta carece de una cuenta bancaria formal.
De acuerdo con la advertencia parlamentaria, la normativa obligaría a tianguistas, choferes, taqueros y dueños de pequeñas tiendas a contratar internet, arrendar terminales punto de venta y absorber comisiones bancarias de entre 1.5% y 4.5% por transacción. Estas cargas operativas no contarán con subsidios estatales, conectividad rural gratuita ni programas de capacitación, lo que derivará en un encarecimiento directo de los precios al consumidor final.
La reforma contempla además sanciones y clausuras contra comerciantes en caso de fallas recurrentes de conexión digital, castigando al pequeño contribuyente por deficiencias de infraestructura pública atribuibles a la Comisión Federal de Electricidad o a la falta de cobertura privada. A esto se suma la imposición de la CURP y el expediente digital (artículos 18 y 19), mecanismos diseñados para monitorear el gasto ciudadano en tiempo real, vulnerando la privacidad y el secreto financiero sin orden judicial previa.
Frente a este escenario, la oposición demandó frenar la iniciativa, proponiendo comisión cero para microempresas, un fondo público de conectividad y la preservación irrestricta del uso de efectivo.
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