El divorcio exprés y el cinismo político en Baja California
Opinión

El divorcio exprés y el cinismo político en Baja California

El reciente sismo político que sacudió a Baja California tras el informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos destapó una red de complicidades que tiene nerviosos a varios inquilinos del poder. La inclusión de Carlos Torres y su hermano Luis en la temida lista de la OFAC cimbró los cimientos del gobierno estatal.
Ante este panorama, la reacción de la gobernadora Marina del Pilar ha rayado en el cinismo puro. Con un discurso sumamente lavado, pretende hacernos creer que por el simple hecho de estar legalmente divorciada de Carlos Torres, los nexos, las complicidades y la sombra del escándalo se borran por arte de magia.
Pretender desvincularse de un golpe tan fuerte argumentando un papel notarial de divorcio es insultar la inteligencia de los bajacalifornianos. Durante años compartieron proyectos, influencia política y espacios de poder; hoy, ante la tormenta internacional, se aplica la vieja confiable de «si te he visto, no me acuerdo» para eludir responsabilidades políticas e intentar salvar el barco a costa de la credibilidad institucional.

La opacidad de la FGEBC y sus contratos millonarios

Pero el problema no es solo de la familia política incómoda; el temblor financiero llegó directo a las oficinas de procuración de justicia. Resulta imperdonable el silencio cómplice y la opacidad con la que se ha conducido la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC).
Hasta el momento, la dependencia no ha tenido la decencia ni la transparencia de salir a dar la cara y explicar por qué le otorgó contratos millonarios de prestación de servicios a empresas que hoy están fichadas y sancionadas por la OFAC por los vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.
Estamos hablando de recursos públicos del estado que terminaron cruzando rutas con la red financiera señalada por autoridades estadounidenses. El silencio de la Fiscalía no es prudencia, es encubrimiento. Exigir cuentas claras sobre a quiénes se les asignaron los contratos y bajo qué criterios se repartió el dinero de los ciudadanos debería ser la prioridad, en lugar de apostar al desgaste informativo para que el escándalo se diluya en el olvido.


El cómodo y cómplice silencio cúpula empresarial


Finalmente, mención a parte merece la postura timata y agachona de las principales cúpulas empresariales del estado. Coparmex, Canacintra y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han guardado un silencio sepulcral, casi cómplice, ante la gravedad de la información divulgada por el gobierno estadounidense.
Los mismos organismos que suelen rasgarse las vestiduras exigiendo transparencia, estado de derecho y rendición de cuentas a diestra y siniestra, hoy prefieren mirar hacia otro lado cuando las manchas de corrupción y presuntos nexos con la delincuencia salpican a la alta burocracia y a sus proveedores consentidos.
Este silencio ensordecedor demuestra que, para los dirigentes empresariales, la comodidad de la relación con el poder vale más que la dignidad y la legalidad que tanto pregonan en sus boletines de prensa. Baja California merece empresarios con temple y valor civil, no agazapados protectores del statu quo.

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