La reciente resolución del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos —a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)— en contra de Carlos Torres Torres y Luis Torres, figuras estrechamente ligadas al círculo íntimo y político de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, sacude los cimientos de la ética gubernamental en Baja California.
Lo más alarmante de este entramado no es únicamente el parentesco o la relación histórica, sino el diseño institucional que se tejió a su medida.
En su momento, la administración estatal creó un espacio a la medida: una supuesta coordinación o encargo de “proyectos especiales” carente de sustento orgánico regular, cuyo propósito real fue dotar a Carlos Torres de un ropaje oficial de poder.
Sin un nombramiento formal que exigiera fiscalización o rendición de cuentas tradicional, este cargo fantasma le abrió las puertas de par en par para operar como un puente de interlocución privilegiado tanto con dependencias del gobierno como con los círculos de la iniciativa privada.
A este diseño de puertas abiertas se le suma la geométrica precisión de los tiempos mercantiles. Documentos públicos registran que la mandataria estatal se dio de baja de la estructura accionaria de la empresa Vida Orgánica Tijuana —un negocio compartido con los ahora sancionados— apenas unos días antes de que la noticia del castigo financiero de la OFAC fuera detonada a nivel binacional. Dicha maniobra notarial, ejecutada con cronométrica urgencia, revela un intento desesperado de distancia preventiva; un cortafuegos jurídico que busca desvincular a la titular del Ejecutivo de los activos ahora catalogados bajo sospecha de lavado de dinero y nexos criminales.
La narrativa oficial de que el matrimonio civil ha concluido y que el gobierno estatal opera al margen de estas acusaciones resulta insuficiente frente a la gravedad de los hechos. No se trata de un diferendo de índole estrictamente personal o privado, sino de la utilización facciosa de la estructura pública para blindar e impulsar a personajes que hoy son señalados por agencias internacionales de inteligencia como piezas de redes de corrupción y complicidad delictiva.
Inventar cargos administrativos para otorgar legitimidad oficiosa a familiares y aliados es una vieja práctica del viejo régimen que la autodenominada transformación prometió erradicar, pero que en Baja California se reprodujo con agravantes de opacidad. La creación de oficinas sin sustento legal para cabildear con empresarios y funcionarios exhibe una gobernanza patrimonialista, donde los límites del erario y del servicio público se difuminan en función de los afectos y negocios de la familia en turno.
El silencio o la minimización institucional frente a la gravedad del señalamiento de la OFAC agravan la crisis de credibilidad. La sociedad bajacaliforniana merece una explicación profunda, transparente y fiscalizada sobre cómo se utilizó la estructura del gobierno del estado para proyectar a actores que hoy enfrentan la justicia económica internacional.
La exoneración ética no se logra mediante comunicados que apelan al divorcio formal ni con modificaciones corporativas hechas a contrarreloj. Se requiere una investigación exhaustiva y autónoma que esclarezca hasta dónde llegaron los privilegios, los contratos y las influencias de la red de Carlos y Luis Torres al amparo del despacho de la gubernatura.
Permitir que la sospecha se disuelva en el tiempo sin rendición de cuentas es convalidar la impunidad estructural. Baja California no puede ni debe normalizar que la administración pública sea el aparador de los negocios privados y los escándalos de narcopolítica; la dignidad institucional exige romper de tajo con las complicidades del pasado y del presente.
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