TIJUANA.— La prohibición federal de teléfonos celulares y tabletas en planteles de educación básica resultará ineficaz si los padres de familia no asumen la supervisión digital en sus hogares, advirtió la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana (ADEEPT), señalando que la medida oficial traslada una responsabilidad formativa que se origina en la dinámica familiar.
El posicionamiento surge tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual entrará en vigor el próximo 3 de noviembre. La disposición veta el uso recreativo y personal de dispositivos electrónicos durante toda la jornada escolar —incluidas clases y recesos— en niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas del país. El uso quedará acotado exclusivamente a emergencias médicas, accesibilidad o requerimientos pedagógicos directos del docente.
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Marko Díaz, dirigente de la ADEEPT, puntualizó que si bien respaldan la medida —con la que México adopta esquemas ya vigentes en 78 países como Francia, Inglaterra, Suecia o Chile—, delegar toda la contención a los reglamentos escolares es un error. Para el representante educativo, los aparatos funcionan como un detonante que distorsiona conductas y emociones cuando no existe un filtro parental.
Díaz subrayó que las familias suelen utilizar las pantallas como sustituto de crianza para contener el llanto o la inquietud de los menores. En ese sentido, demandó a los tutores fijar horarios estrictos y monitorear los contenidos que consumen fuera del aula para evitar que la norma gubernamental quede en letra muerta.
«Es en el hogar donde se forman los grandes profesionistas y hombres de bien, pero es también ahí de donde surgen los criminales si no hay el debido cuidado», remarcó Díaz, al reiterar que las conductas nocivas en las aulas son reflejo de la falta de límites domésticos.
A diferencia del nivel básico, la disposición de la SEP otorga a los planteles de educación media superior la facultad de fijar sus propios lineamientos internos, mientras que las universidades mantendrán esquemas de uso responsable sin prohibición vinculante, bajo el principio de autonomía universitaria.
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