El Cabildo del XXV Ayuntamiento de Tijuana aprobó un acuerdo para blindar legalmente las sanciones por alcoholimetría y frenar la anulación masiva de multas en tribunales, un recurso legal aprovechado con frecuencia por conductores reincidentes y propietarios de vehículos de modelo reciente.
La medida responde a un incremento en los juicios promovidos por infractores. Datos de la Sindicatura Procuradora revelan que, mientras en 2025 se contabilizaron 653 demandas de nulidad por operativos de alcoholemia, la cifra subió a 998 casos al 11 de septiembre de 2026, lo que representa un aumento del 52%. De continuar este comportamiento, las impugnaciones podrían cerrar el año en 1,440 expedientes, un alza proyectada del 120%.
Frente al Pleno, la síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, sostuvo que el ajuste dota de mayor solidez técnica y jurídica a las actas administrativas levantadas durante los filtros de revisión vial. Según la funcionaria, la intención no es suprimir el derecho de defensa de la ciudadanía ante los juzgados, sino cerrar vacíos legales que permitían evadir sanciones contempladas en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Con esta homologación de criterios, el gobierno local busca evitar la reincidencia al volante en estado de ebriedad y sostener la validez de los operativos preventivos en la ciudad.
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