CIUDAD DE MÉXICO.— La militarización acelerada, la subordinación partidista del Poder Judicial y el desmantelamiento operativo de policías y fiscalías mantienen a México bajo una crisis de seguridad estructural sin precedentes. Así lo revela un informe especializado emitido este 2 de septiembre de 2026, el cual expone que los acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad Pública carecen de presupuesto real y dejan el fortalecimiento institucional en «letra muerta», favoreciendo la opacidad y el deterioro democrático.
El balance en procuración de justicia exhibe corporaciones locales en abandono material y un saldo de 637 agentes de seguridad asesinados en lo que va del sexenio, a la par de un rezago histórico de 2.1 millones de carpetas de investigación acumuladas en fiscalías locales y federales. Paralelamente, el abuso de la prisión preventiva oficiosa disparó la sobrepoblación penitenciaria un 16%, alcanzando un récord histórico de reclusión punitiva: de 272,448 personas privadas de la libertad, 118,266 se encuentran presas sin sentencia judicial.
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En materia de derechos humanos, el documento denuncia una desprotección sistemática frente a la violencia. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas opera subordinada al Ejecutivo y sin presupuesto efectivo, mientras los mecanismos de búsqueda estatal colapsan ante la crisis forense: el periodo suma ya 20,314 personas desaparecidas y la localización de al menos 617 fosas clandestinas en el país.
El análisis concluye que la reforma al aparato de justicia consumó la cooptación del Poder Judicial por parte del partido gobernante, Morena. La imposición de perfiles afines tanto en la Suprema Corte como en el Tribunal de Disciplina Judicial eliminó los filtros técnicos de idoneidad, debilitando los contrapesos constitucionales y abriendo la puerta a la injerencia de intereses criminales y fácticos en la impartición de justicia.
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