Especialistas advierten que la regulación de la CRT vulnera la libertad de expresión y editorial en un contexto donde el propio Estado encabeza las agresiones contra la prensa.
TIJUANA.— Los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), representan un riesgo latente de censura previa, persecución administrativa y desinhibición de la labor informativa en México, advirtieron especialistas jurídicos, académicos y defensores de derechos humanos.
Durante la mesa de análisis “Libertades y el derecho de las audiencias”, organizada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) Capítulo Baja California, la Universidad Iberoamericana Tijuana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (ENID), se alertó que la ambigüedad regulatoria puede ser instrumentalizada para frenar investigaciones periodísticas de interés público.
El debate adquiere carácter de urgencia ante el inminente cierre del plazo para enviar observaciones a la consulta pública de la CRT, fijado para el próximo 21 de agosto.
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El Estado como principal agresor de la prensa
Martha Tudón, representante de la organización internacional Artículo 19, situó la alerta regulatoria dentro del clima de hostilidad que enfrentan los comunicadores. Reveló que durante 2025 se registraron 451 agresiones contra periodistas en el país, de las cuales el 50% fueron perpetradas directamente por agentes y representantes del Estado. A ello se sumaron 69 casos de acoso judicial —por vías administrativa, civil y penal— y 7 asesinatos; mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 6 homicidios vinculados a la labor informativa.
Tudón advirtió que imponer normativas difusas sobre los límites del ejercicio periodístico propiciará que reporteros y medios opten por la autocensura al investigar a funcionarios y figuras públicas para evitar sanciones regulatorias.
Restricciones fuera de la Constitución
En el plano normativo, el consejero nacional de la BMA, Leonardo Abarca Jiménez, sostuvo que los lineamientos deben ser examinados minuciosamente para evitar que la autoridad reguladora sobrepase sus facultades legales e imponga restricciones incompatibles con los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana.
«La libertad de expresión y el acceso a la información tienen una doble dimensión: el derecho individual a expresarse y el derecho colectivo de la sociedad a ser informada. Ninguna disposición administrativa puede estar por encima de las garantías constitucionales», enfatizó Abarca Jiménez.
Por su parte, Loraine Morales, coordinadora de Investigación y Posgrados de Ibero Tijuana, expuso desde su experiencia en Cuba cómo las regulaciones y marcos normativos aparentemente técnicos suelen convertirse en herramientas efectivas para sofocar el periodismo de investigación y asfixiar la crítica social.
El encuentro, moderado por el presidente de la BMA en BC, Manuel Pérez-Freyre, contó también con las aportaciones de Paola Sam y Claudia Espinosa (ENID IIJ-UNAM), así como de Rodolfo Muñoz García, excomisionado presidente del ITAIPBC, quienes coincidieron en la necesidad de que la sociedad civil y el gremio periodístico incidan activamente en la consulta pública antes de su cierre.
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ReporteBC 