Especialistas alertan que facultar a la autoridad administrativa para clasificar contenidos como «falsos» o «descontextualizados» vulnera las garantías constitucionales en México.
TIJUANA, BC.— El proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, emitido el pasado 25 de julio por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ha encendido las alarmas por el riesgo de incurrir en censura previa e interferir en la libertad editorial de los medios de comunicación en México.
Actualmente en etapa de consulta pública, la propuesta plantea dos dilemas fundamentales: la falta de atribuciones explícitas en la ley para que la CRT determine qué constituye «información falsa», y el impacto directo que esto tendría en las líneas editoriales al someter las noticias al criterio de un órgano regulador.
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El Mtro. Leonardo Abarca Jiménez, Socio Director de Grupo UNO Abogados, señaló que calificar de forma administrativa la veracidad de una nota vulnera los artículos 6° y 7° de la Constitución. Destacó además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) prohíben usar la regulación de audiencias como una vía indirecta para el control informativo.
Especialistas coinciden en que de aprobarse estos lineamientos, se abriría la puerta a la arbitrariedad, dejando la veracidad de los contenidos a merced de intereses políticos o del criterio de la autoridad en turno.
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