CIUDAD DE MÉXICO.– Tras una extensa audiencia de más de 24 horas, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal dictara prisión preventiva contra ocho personas investigadas por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles.
Reclusión diferenciada por motivos de salud
El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó cerca de cien datos de prueba durante la audiencia inicial. Tras decretarse la medida cautelar, el juez ordenó destinos diferenciados para los señalados:
- Penal del Altiplano: Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” serán trasladados al CEFERESO número 1 en el Estado de México.
- Prisión domiciliaria: José María “N” y Guillermo “N” permanecerán bajo resguardo en sus hogares debido a complicaciones de salud.
- Penal local: Adriana “N” cumplirá la medida internada en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
Por su parte, la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica definitiva se resolverá en los próximos días.
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El «modus operandi» del contrabando
De acuerdo con las investigaciones coordinadas junto al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los detenidos formaban parte de una red sofisticada dedicada a la importación, distribución y comercialización irregular de productos derivados del petróleo.
El esquema consistía en introducir el combustible al país mediante aduanas utilizando declaraciones falsas o incompletas. Los implicados reportaban un volumen menor al real o registraban el cargamento bajo el nombre de otros productos para evadir el pago de impuestos.
Impacto financiero y marco legal
Las autoridades fiscales y de seguridad subrayaron que este tipo de conductas no solo causan un quebranto económico directo a las finanzas del Estado, sino que también actúan como una fuente clave de financiamiento para las organizaciones criminales.
De acuerdo con el marco legal vigente, todas las personas mencionadas en el caso mantienen su presunción de inocencia en tanto no se dicte una sentencia condenatoria formal por parte de un tribunal competente.
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ReporteBC 