CIUDAD DE MÉXICO. — La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ensenada, ha desatado una ola de indignación y pronunciamientos de la oposición. Mientras la organización civil «Somos México» exigió su inmediata e incondicional liberación calificando el hecho como un «inaudito atropello», el Partido Acción Nacional (PAN) demandó un proceso apegado a la ley, advirtiendo un posible uso político de la justicia para desviar la atención de los escándalos que envuelven a mandatarios estatales de Morena.
La detención de Ruffo Appel, quien también se desempeña como Consejero Consultivo de Somos México, fue calificada por dicha organización como un acto arbitrario e ilegal. Según la asociación, el exmandatario estatal ya había aclarado con anterioridad la legalidad de las operaciones de la empresa de la que es socio, la cual cuenta con los avales correspondientes de la Secretaría de Energía, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), señalando a esta última institución como la única facultada para certificar el ingreso de mercancías al país.
Tanto Somos México como el PAN coincidieron en que la captura de Ruffo Appel ocurre en un momento de alta tensión política, sugiriendo que se trata de una «cortina de humo». Ambas posturas apuntan a que la acción de la FGR busca distraer a la opinión pública de los recientes escándalos que involucran a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda —por la difusión de grabaciones sobre presuntas negociaciones al margen de la ley—, y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Detienen en Ensenada al exgobernador Ernesto Ruffo por presunto contrabando de combustible
Por su parte, la dirigencia de Acción Nacional manifestó su confianza en que Ruffo Appel logrará solventar las acusaciones por las vías legales correspondientes. El partido blanquiazul enfatizó que, si bien «ninguna persona debe estar por encima de la ley», tampoco nadie debe quedar desprovisto de las garantías constitucionales y la presunción de inocencia, exigiendo un debido proceso libre de consignas políticas.
El PAN criticó severamente la asimetría y el «criterio diferenciado» con el que opera la justicia federal en el país. El instituto político contrastó la celeridad con la que la FGR actuó en contra del exgobernador panista frente a la inacción y la «total impunidad» con la que se ha tratado a los gobernadores morenistas implicados en graves señalamientos públicos, a pesar de existir supuestas pruebas contundentes en su contra.
En una postura aún más severa, Somos México acusó directamente a la Fiscalía dirigida por Ernestina Godoy de actuar de manera «abusiva» y de «hacerse de la vista gorda» frente al que denominaron el fraude fiscal más grande de la historia: el tráfico ilegal de combustible. La organización civil aseguró que los verdaderos responsables del desfalco —estimado por ellos en más de 600 mil millones de pesos— operan con protección desde el poder federal para financiar campañas electorales de Morena.
Finalmente, Acción Nacional hizo un llamado urgente a las autoridades encargadas de la procuración de justicia para conducirse con absoluta transparencia e imparcialidad. El partido advirtió que la confianza en las instituciones democráticas solo podrá sostenerse cuando la ley se aplique con el mismo rasero para todos los ciudadanos, sin importar sus nombres, filiaciones partidistas o cargos públicos en turno.
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ReporteBC 