TIJUANA.— La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió dos recomendaciones oficiales dirigidas a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana, tras documentar violaciones a los derechos de una mujer indígena de origen mixteco, identificada como víctima de violencia sexual e institucional.
Los hechos ocurrieron en enero de 2024, cuando la mujer —originaria de Guerrero— fue agredida sexualmente al abordar un taxi libre en la zona centro de Tijuana. Tras escapar, lesionada y en estado de crisis, buscó ayuda en un domicilio ajeno, donde fue posteriormente asegurada por policías municipales sin recibir auxilio ni protección y abandonada bajo un puente sin atención médica ni resguardo.
La víctima denunció dos veces ante la CEDHBC, generando los expedientes CEDHBC/TIJ/Q/34/2024/VG y CEDHBC/TIJ/Q/79/2024/VG, en los que se acredita que fue revictimizada por una agente estatal al presentar su denuncia ante la FGE, quien la interrogó con hostilidad y amenazas, incluso en presencia del personal de la comisión.
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El ombudsperson Jorge Álvaro Ochoa Orduño señaló que el caso evidencia omisiones institucionales, falta de perspectiva de género, y una grave transgresión al principio de debida diligencia por parte del Estado.
Las recomendaciones incluyen:
– Localizar a la víctima para ofrecerle atención médica, psicológica y emocional, con consentimiento.
– Sancionar administrativamente a los servidores públicos involucrados.
– Implementar campañas internas de sensibilización y capacitación con enfoque de género, intercultural e inclusivo.
– Fortalecer las áreas de atención a víctimas en ambas dependencias.
– Garantizar traductores e intérpretes para mujeres indígenas denunciantes.
La CEDHBC otorgó un plazo de diez días hábiles para que las autoridades respondan si aceptan las recomendaciones. En caso de negativa, podrá hacerlo público y solicitar comparecencia ante la Legislatura Local.
El caso plantea la urgente necesidad de contar con instituciones preparadas para atender denuncias de mujeres indígenas bajo principios de justicia, inclusión y respeto a los derechos humanos.
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