Empresarial, Política

Estados Unidos sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado; México exige pruebas

WASHINGTON.- En una acción inédita bajo la Ley FEND Off Fentanyl, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su presunta implicación en esquemas de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilícito de opioides.

Según el gobierno estadounidense, estas entidades habrían facilitado operaciones financieras para cárteles como el CJNG, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa, así como transferencias hacia China para la adquisición de precursores químicos. Las medidas incluyen la prohibición de ciertas transferencias de fondos y uso de monedas virtuales vinculadas a estas instituciones.

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

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Alfonso Romo y Vector: el ángulo político

La inclusión de Vector Casa de Bolsa en la lista negra ha generado especial atención debido a su propietario, el empresario regiomontano Alfonso Romo Garza. Con una trayectoria empresarial que abarca desde la agroindustria hasta el corretaje financiero, Romo fue uno de los principales asesores económicos del presidente Andrés Manuel López Obrador y fungió como jefe de la Oficina de la Presidencia entre 2018 y 2020.

Vector, considerada la gestora de fondos más grande de Latinoamérica, ha sido pieza clave en el sector bursátil mexicano. Durante su paso por el gobierno, Romo mantuvo vínculos con el sector privado y fue el principal enlace entre la administración de AMLO y los empresarios. Aunque dejó el cargo formalmente, el presidente aseguró que seguiría colaborando con él de manera informal.

La acusación contra Vector, por tanto, no solo tiene implicaciones financieras, sino también políticas, al involucrar a una figura cercana al poder ejecutivo mexicano.

Respuesta del gobierno mexicano: sin pruebas suficientes

Horas después del anuncio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) expresó su postura, defendiendo la soberanía nacional y el marco de cooperación bilateral. A través de un comunicado, la dependencia subrayó que, si bien el Departamento del Tesoro compartió ciertos datos, estos no constituyen pruebas concluyentes de delito.

“La única información verificable recibida consiste en transferencias electrónicas hacia empresas chinas legalmente constituidas, lo cual ocurre de forma ordinaria en el comercio internacional de México”, señaló la SHCP.

La dependencia aseguró que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya ha sancionado a las instituciones por irregularidades administrativas, pero reiteró que no se ha identificado ninguna evidencia concreta de lavado de dinero.

“La instrucción de la presidenta es clara: no encubrir a nadie, pero actuar siempre con base en pruebas contundentes”, concluyó el comunicado.

Tensión y cooperación

El caso pone a prueba la colaboración entre ambos países en materia financiera y de seguridad. Mientras Estados Unidos argumenta haber actuado con base en nuevas facultades legales contra el crimen organizado transnacional, México exige el debido proceso y transparencia para no poner en riesgo instituciones con miles de clientes y operaciones legítimas.

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