El reciente decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2026 marca un giro significativo en las funciones de la Guardia Nacional (GN). A partir de ahora, esta corporación cuenta con facultades plenas para actuar como autoridad de tránsito en todas las carreteras y puentes de jurisdicción federal, lo que le permite detener vehículos, realizar inspecciones y, lo más relevante, imponer multas económicas directamente a los automovilistas.
Esta medida otorga a los elementos de la GN el poder de levantar infracciones por diversas causas, que van desde faltas documentales hasta revisiones de las condiciones mecánicas de los vehículos. Asimismo, los agentes ahora tienen la autoridad para aplicar pruebas de alcoholímetro y realizar exámenes toxicológicos, con la facultad de enviar unidades al depósito o «corralón» si consideran que existen faltas graves o si el conductor se opone a sus instrucciones.
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Resulta preocupante que una institución que fue creada con la promesa fundamental de servir, proteger y garantizar la seguridad pública de los mexicanos, sea ahora la misma que se encargará de realizar tareas propias de agentes de tránsito. Este cambio desdibuja la naturaleza original de la Guardia Nacional, transformando su labor de prevención del delito en una función de vigilancia administrativa y recaudatoria.
El despliegue de militares y elementos de seguridad en tareas cotidianas de vialidad plantea interrogantes sobre el verdadero enfoque de la estrategia de seguridad nacional. Al convertir a los agentes en los encargados de aplicar multas, se corre el riesgo de generar roces innecesarios con la ciudadanía y de desviar el recurso humano hacia labores que deberían ser atendidas por autoridades civiles especializadas.
La prevalencia de las indicaciones de la Guardia Nacional sobre los señalamientos de tránsito tradicionales establece una nueva jerarquía en las carreteras donde el criterio del oficial tiene la última palabra. Este margen de discrecionalidad, sumado a la capacidad de sancionar, abre la puerta a posibles abusos de autoridad, un temor constante entre los usuarios de las vías federales que se ven ahora más vigilados.
Es legítimo cuestionar si el fortalecimiento de la vigilancia y el control en carreteras es el camino adecuado para reducir los accidentes o si, por el contrario, representa una militarización excesiva de la vida cotidiana. La ciudadanía merece sentirse protegida ante la delincuencia, no acosada por una corporación que debería estar enfocada en salvaguardar la vida frente a amenazas mayores.
En conclusión, este decreto amplía considerablemente el alcance del poder de la Guardia Nacional sobre los civiles. Mientras las autoridades justifican estos cambios bajo el argumento de mejorar la seguridad vial, los mexicanos observan con preocupación cómo se diluye el objetivo original de una corporación que debería priorizar la paz social sobre la imposición de multas en los caminos del país.
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ReporteBC 