MIAMI — En un giro histórico que eleva al máximo la tensión bilateral entre Washington y La Habana, un gran jurado de Florida ha acusado formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos aviones de la organización civil «Hermanos al Rescate» en 1996, un incidente en el que murieron cuatro personas, incluidos ciudadanos estadounidenses.
La información fue confirmada por un alto funcionario estadounidense a la agencia Reuters y ratificada de forma oficial por la fiscal general en funciones de EE. UU., Todd Blanche.
Los cargos presentados contra el exdictador cubano, de 94 años, incluyen conspiración para asesinar a nacionales estadounidenses, asesinato y otros delitos graves relacionados con el ataque perpetrado en el Estrecho de la Florida por cazas de la Fuerza Aérea de Cuba.
Justicia tras tres décadas de impunidad
Durante una conferencia de prensa en Miami, la fiscal Blanche enfatizó el carácter civil de las aeronaves derribadas hace casi treinta años, desestimando cualquier justificación militar por parte del régimen de La Habana.
«Estos eran vuelos humanitarios destinados al rescate y la protección de aquellos que huían de la opresión. Por casi treinta años, las familias han esperado justicia. Ningún título ni cargo protegerá a quienes ataquen a ciudadanos norteamericanos», sentenció firmemente Blanche.
La funcionaria estadounidense advirtió además que, bajo la orden directa del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, Castro deberá afrontar las leyes norteamericanas «por su voluntad o de otra forma», sugiriendo que la administración agotará los mecanismos legales y de presión internacional para que rinda cuentas.
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Máxima presión sobre La Habana
Este histórico proceso judicial se produce en un escenario de extrema fragilidad para la nación caribeña, la cual se encuentra actualmente sumida en una severa crisis energética y económica.
La acusación formal representa el golpe más reciente de la administración de Donald J. Trump, que ha venido intensificando de manera progresiva las sanciones financieras, el aislamiento diplomático y la presión política sobre la isla.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, el gobierno de Cuba no ha emitido una respuesta oficial ante el anuncio del tribunal de Florida.
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ReporteBC 