La Fiscalía General de la República (FGR) informó que analiza una solicitud del gobierno de Estados Unidos para la detención provisional con fines de extradición de nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, así como mandos de seguridad, procuración de justicia y autoridades locales.
De acuerdo con la Fiscalía, el requerimiento —enviado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores— no constituye aún un proceso formal de extradición, sino una petición de medida cautelar.
FGR dice que el documento enviado por EE.UU carece de pruebas
Tras una revisión inicial, la FGR señaló que el documento no incluye pruebas, fundamentos ni elementos que acrediten la urgencia de detener a las personas señaladas, requisito indispensable bajo la legislación mexicana y el tratado bilateral entre ambos países.
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El organismo subrayó que la detención provisional implica una restricción a derechos humanos, por lo que solo puede concederse si existen datos sólidos que justifiquen su aplicación. En este caso, indicó, no se acreditan las condiciones necesarias.
La Fiscalía reprochó que la solicitud se hiciera pública
Además, advirtió que la difusión pública del contenido de la solicitud podría afectar el debido proceso, al tratarse de información que, por norma, debe manejarse bajo confidencialidad.
FGR mantiene abiertas las líneas de investigación
Ante este escenario, la FGR solicitará a las autoridades estadounidenses el envío de pruebas y documentación adicional para poder determinar la viabilidad legal del caso. Paralelamente, confirmó que mantiene abiertas líneas de investigación en territorio nacional.
Entre las personas mencionadas en la solicitud se encuentran también Enrique Inzunza, senador de Morena; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde sustituto de Culiacán; Enrique Díaz Vega, secretario de Finanzas estatal; y Damaso Castro Zaavedra, vicefiscal, así como exmandos policiacos y de seguridad.
La Fiscalía reiteró que cualquier decisión se tomará conforme a la ley mexicana, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia.
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