Abogado denuncia despojo
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Abogado denuncia red de presunto despojo inmobiliario en Tijuana; señala a jueces y funcionarios

TIJUANA.- El abogado Jorge Luis Fuentes Valdez presentó denuncias penales contra jueces civiles, funcionarios judiciales y litigantes de Tijuana, a quienes acusa de presuntamente favorecer una red de despojo inmobiliario que, aseguró, opera mediante resoluciones judiciales irregulares y uso de documentación presuntamente falsa.

En conferencia de prensa, el litigante informó que las denuncias fueron interpuestas contra el juez tercero civil, Pedro Galaf Hernández García; el juez décimo civil, Juan Carlos Constantino Ortega Veiga; la actuaria Walquiria Fernández Esquerra; así como contra dos abogadas identificadas como Concepción “N” y Marisol “N”.

De acuerdo con el denunciante, los hechos estarían relacionados con un conflicto legal por la administración de 192 departamentos del complejo residencial Campestre Murua.

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Fuentes Valdez explicó que su despacho representa legalmente a la empresa Eventos y Relaciones Públicas, encargada de administrar el complejo desde octubre de 2024 mediante contrato con Núcleo Construcciones.

Según su versión, en enero de 2026 una presunta representante legal de esa constructora promovió un juicio de desahucio con documentación que calificó como falsa. Señaló que el proceso avanzó en menos de un mes, derivando en una orden de desalojo emitida el 26 de febrero.

El abogado también denunció irregularidades en el proceso de notificación judicial y afirmó que, en marzo, se realizó un intento de desalojo con apoyo de elementos policiacos, presuntamente sin sustento legal.

Ante ello, promovió diversas denuncias penales y un juicio de amparo. Indicó que el Juzgado Décimo de Distrito concedió una suspensión definitiva que frenó el desalojo.

El litigante advirtió que ampliará las denuncias contra otros funcionarios, incluyendo personal del Registro Público de la Propiedad, un notario del Estado de México, representantes legales de una institución bancaria y autoridades ministeriales.

Hasta el momento, las autoridades señaladas no han emitido posicionamiento público sobre los señalamientos.

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