Tijuana.-El caso de Daysi, una niña indígena que dio a luz en Chiapas tras ser víctima de violencia que no fue prevenido ni sancionado por el Estado, reactivó el debate nacional sobre la cohabitación forzada y las uniones tempranas de niñas y adolescentes.
La Red de Mujeres Unidas por Baja California, A.C. y la Fundación Eufrosina Cruz señalaron que lo ocurrido no es un hecho aislado ni exclusivo del sur del país, sino una expresión de violencia estructural que persiste en distintas entidades, incluida Baja California.
En un posicionamiento público, ambas organizaciones advirtieron que el caso evidencia fallas institucionales en la protección de niñas y adolescentes frente a relaciones forzadas que derivan en maternidades tempranas, abandono escolar y dependencia económica.
Impulso ciudadano para frenar la cohabitación forzada
A nivel nacional, la Fundación Eufrosina Cruz ha promovido reformas para combatir la cohabitación forzada y las uniones infantiles, planteándolas como un asunto de derechos humanos.
En Baja California, esta agenda se tradujo en una iniciativa ciudadana presentada el 15 de octubre de 2025 ante el Congreso del Estado, impulsada por la Red de Mujeres Unidas por Baja California y respaldada por diversas organizaciones civiles.
Entre los colectivos que acompañaron la propuesta se encuentran Fundación Eufrosina Cruz, Karla’s Sembradoras de Amor, Colectivo CESODI, Yeuani, Mujeres por Mujeres, Alianza de Mujeres, Gente Diversa, Marie Stopes México, Red Mundial de Jóvenes Políticos y SUCOMM, entre otras agrupaciones enfocadas en la defensa de derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Las organizaciones piden que la iniciativa sea discutida y dictaminada a la brevedad, así como la tipificación de la cohabitación forzada como delito en la entidad.
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Indicadores en Baja California
Datos compartidos por la Red señalan que en 2023 se registraron 5,153 nacimientos de madres adolescentes de entre 10 y 19 años en Baja California.
- Tijuana concentró 2,586 casos.
- Mexicali, 1,325.
- Municipios como San Quintín y Ensenada presentan condiciones de vulnerabilidad asociadas a pobreza, migración y exclusión social.
Además, el Censo 2020 del INEGI documentó que el 2.4 % de las mujeres de 12 a 17 años en el estado vivían casadas o en unión, lo que, de acuerdo con las organizaciones, refleja que miles de adolescentes se encuentran en relaciones de tipo conyugal sin haber alcanzado la mayoría de edad.
Las agrupaciones advierten que estas prácticas suelen estar normalizadas bajo argumentos culturales o comunitarios, pero sostienen que constituyen violaciones a derechos fundamentales.
Llamado al Congreso de Baja California
La Red de Mujeres Unidas por Baja California y la Fundación Eufrosina Cruz solicitaron al Congreso estatal:
- Discutir y dictaminar la iniciativa presentada en octubre de 2025.
- Tipificar la cohabitación forzada como delito.
- Reconocer estas prácticas como violencias y no como usos y costumbres.
- Colocar el interés superior de la niñez como eje central de la agenda legislativa.
Las organizaciones señalaron que el caso de Daysi tiene nombre y rostro, pero que existen más niñas en distintas entidades que enfrentan situaciones similares sin acceso a protección efectiva.
El posicionamiento concluye que la respuesta institucional marcará la diferencia entre avanzar en la protección de la niñez o mantener prácticas que vulneran derechos.
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ReporteBC 