TIJUANA.- El Colegio de Abogados de Tijuana informó que este lunes fue presentado el primer amparo indirecto contra el Acuerdo General Número 07/2026, emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, al considerar que la medida restringe el ejercicio profesional en materia familiar y afecta el acceso a la justicia.
De acuerdo con el posicionamiento difundido por el gremio, el acuerdo —publicado en el Boletín Judicial del Estado el 20 de marzo de 2026, según su versión— pretende exigir que las y los abogados que litigan asuntos familiares relacionados con derechos de niñas, niños y adolescentes cuenten con cédula profesional de especialidad, maestría o doctorado.
La organización sostuvo que este requisito impone barreras adicionales para ejercer la abogacía, eleva los costos de representación legal y podría impactar a las personas usuarias del sistema de justicia, al limitar las opciones de defensa en procedimientos familiares. También argumentó que la disposición invade facultades reservadas al ámbito legislativo, por lo que calificó el acuerdo como inconstitucional. Esa valoración, sin embargo, deberá ser analizada y resuelta por el Poder Judicial de la Federación.
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El Colegio de Abogados de Tijuana señaló además que, tras mesas de diálogo recientes, se planteó como alternativa exigir un diplomado o curso con duración mínima de 120 horas. A juicio del organismo, esa opción no corrige el problema de origen, sino que mantiene filtros adicionales para el ejercicio profesional.
La primera agremiada en promover este recurso fue la abogada Karina Eguía López, mientras que el colegio, encabezado por Daniel Avitia Beltrán, anunció que ya cuenta con un formato de amparo para integrantes del gremio que busquen impugnar la medida. También adelantó la promoción de un amparo colectivo institucional y la presentación de recursos similares en distintas ciudades del estado, con el objetivo de que varios juzgados federales conozcan del tema y se generen criterios.
El caso abre un nuevo frente de discusión en Baja California sobre los límites de los órganos administrativos del Poder Judicial para fijar requisitos al ejercicio de la abogacía, especialmente en materias sensibles como la familiar. Por un lado, está el argumento de reforzar la atención en asuntos que involucran a niñas, niños y adolescentes; por el otro, el reclamo de que cualquier restricción profesional debe estar prevista en ley y no imponerse mediante un acuerdo administrativo.
Hasta ahora, no se reporta públicamente una postura de fondo del Poder Judicial del Estado sobre la presentación de este primer amparo. El desarrollo del litigio será clave para definir si el acuerdo se mantiene, se modifica o queda sin efectos para quienes obtengan una suspensión o eventual sentencia favorable.
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ReporteBC 