TIJUANA. La Red de Mujeres Unidas por Baja California llamó a las y los diputados de la XXV Legislatura del Congreso del Estado a discutir y votar la iniciativa ciudadana que busca tipificar la cohabitación forzada como delito en la entidad, con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes.
Durante su participación en la sesión semanal de la Asociación Nacional de Periodistas (ANPAC), Vanessa García Ramírez, presidenta de la organización, pidió que la propuesta presentada el 15 de octubre sea dictaminada a la brevedad. Señaló que la iniciativa es impulsada junto con la Fundación Eufrosina Cruz y diversas organizaciones civiles.
“La cohabitación forzada y las uniones tempranas de niñas y adolescentes son violencias que siguen sin sanción en el país. Hacemos un llamado a los 25 diputados y diputadas para que discutan y voten esta iniciativa”, expresó.
La propuesta plantea reconocer estas prácticas como una forma de violencia y no como usos y costumbres. La iniciativa busca establecer sanciones de 8 a 15 años de prisión a quien permita, induzca o coaccione a menores a vivir en unión forzada.
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Miriam Ayón, cofundadora de la Red, explicó que aunque el matrimonio infantil está prohibido en los códigos civiles federal y estatal, continúan presentándose uniones informales equiparables al matrimonio que no están tipificadas como delito.
“En Baja California existe un vacío legal. La cohabitación forzada no está tipificada en el código penal local, por eso presentamos esta iniciativa”, dijo.
Agregó que el proyecto contempla agravantes cuando las víctimas pertenezcan a pueblos indígenas, tengan discapacidad o formen parte de grupos en situación prioritaria, como menores migrantes.
De acuerdo con datos citados por la organización, el Censo 2020 reportó que en Baja California 2.4% de las jóvenes de 12 a 17 años se encontraban en unión. Además, cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO) indican que en 2023 5 mil 153 adolescentes de entre 10 y 19 años dieron a luz en el estado, lo que equivale a 14 nacimientos diarios, siete de ellos en Tijuana.
La Red de Mujeres Unidas señaló que la cohabitación forzada forma parte de una violencia estructural que persiste pese a la prohibición del matrimonio infantil en México. Por ello, reiteró el llamado al Congreso local para priorizar la discusión de la iniciativa y colocar el interés superior de la niñez en el centro de la agenda legislativa.
“Las niñas son niñas, no esposas”, concluyó la organización.
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