Política

Diputada Adriana Padilla propone frenar prescripción penal desde la vinculación a proceso

MEXICALI.- La diputada Adriana Padilla Mendoza presentó una iniciativa para reformar el artículo 118 del Código Penal de Baja California, con el objetivo de que la prescripción de la acción penal se interrumpa desde el momento en que una persona es vinculada a proceso, y no únicamente cuando es detenida.

La propuesta fue planteada en el Congreso local y busca cerrar un vacío legal que, de acuerdo con la legisladora, ha permitido que algunos casos se extingan por el paso del tiempo, aun cuando ya existe una vinculación formal ante un juez, favoreciendo escenarios de impunidad.

Actualmente, el Código Penal estatal establece que la prescripción de la acción penal solo se interrumpe con la aprehensión del imputado, una vez que ha transcurrido la mitad del plazo legal para que el delito prescriba. Sin embargo, la iniciativa advierte que este criterio no contempla una etapa clave del Sistema Penal Acusatorio: la vinculación a proceso.

Padilla Mendoza explicó que, bajo el esquema vigente, puede ocurrir que una persona sea vinculada a proceso —es decir, que un juez determine que existen elementos suficientes para continuar el juicio—, pero si no es detenida, el plazo de prescripción sigue corriendo. En esos casos, la acción penal puede extinguirse antes de que exista una sentencia.

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La diputada señaló que esta situación resulta contradictoria con los principios del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, basado en la oralidad, la celeridad y la transparencia, donde la vinculación a proceso marca el inicio formal del juicio y define si un caso avanza o no dentro del sistema judicial.

De acuerdo con la iniciativa, la omisión de la vinculación a proceso como causa de interrupción de la prescripción representa una laguna legal, especialmente en contextos donde la aprehensión no se concreta de manera inmediata, pero el proceso judicial ya está en marcha.

Padilla Mendoza, integrante del Partido Verde Ecologista de México, sostuvo que la reforma busca proteger los derechos de las víctimas y garantizar el acceso efectivo a la justicia, evitando que fallas técnicas o dilaciones en la ejecución de órdenes de aprehensión deriven en la extinción de la acción penal.

La propuesta plantea que, una vez que un juez vincula a proceso al imputado y ha transcurrido la mitad del tiempo previsto para la prescripción, el plazo quede interrumpido, independientemente de si la persona ha sido detenida o no.

La iniciativa fue turnada para su análisis en comisiones, donde será discutida junto con otros ajustes al marco penal estatal. De avanzar, implicaría un cambio relevante en la forma en que se computa la prescripción de delitos en Baja California, particularmente en casos donde el proceso judicial se prolonga sin que se ejecute la aprehensión del imputado.

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