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CEDHBC presenta diagnóstico sobre las causas que llevan a las mujeres a prisión

TIJUANA.– La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) presentó el estudio “Más allá del delito: Diagnóstico sobre las causas que llevan a las mujeres a prisión”, un análisis que documenta los factores estructurales, sociales, económicos e institucionales que influyen en la privación de la libertad de mujeres recluidas en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa, en Tijuana.

El ombudsperson, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, explicó que el ingreso de mujeres a prisión no puede entenderse únicamente desde la comisión de un delito, sino desde contextos marcados por violencia de género, desigualdad y la ausencia de redes de apoyo.

“Las trayectorias que conducen a las mujeres a prisión suelen estar atravesadas por historias de violencia, precariedad laboral y falta de oportunidades. Este diagnóstico busca visibilizar esas realidades y señalar las omisiones institucionales que profundizan su vulnerabilidad”, señaló.

Para la elaboración del diagnóstico, la CEDHBC contó con la colaboración del Instituto Municipal de la Mujer Tijuana (Inmujer) y de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe), lo que permitió el levantamiento de información directa con mujeres privadas de la libertad y el acceso a datos institucionales.

El 4 de agosto de 2025, personal de la Comisión, con apoyo de Cesispe e Inmujer Tijuana, aplicó entrevistas en el Cereso de La Mesa. De 431 mujeres recluidas, 411 aceptaron participar en el estudio.

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Desigualdades y violencias que atraviesan la vida de las mujeres en prisión

De acuerdo con el documento, la privación de la libertad de las mujeres en Tijuana está relacionada con una suma de desigualdades estructurales. La mayoría ha vivido violencia de género, precariedad económica, falta de acceso a servicios básicos, oportunidades laborales limitadas y ausencia de redes de apoyo.

Entre los principales datos se detalla que:

  • La edad predominante es de 32 años.
  • El 92% tiene nacionalidad mexicana.
  • El 70.8% es soltera.
  • El 84.7% es madre.

En el ámbito educativo, el 45.5% contaba con secundaria como máximo grado de estudios antes de su ingreso al Cereso. Además, 220 mujeres (53.53%) reportaron haber tenido trabajo informal antes de su detención, lo que refleja condiciones de empleo precario.

Solo el 7.8% afirmó haber recibido algún apoyo gubernamental previo, como despensas, becas escolares, apoyo para medicamentos o programas sociales. En cuanto al ingreso mensual, el 32.39% percibía entre 4 mil y 8 mil pesos, y casi la mitad (46.47%) vivía en viviendas rentadas.

El diagnóstico también señala que el 38.19% de las mujeres tiene alguna enfermedad física o mental que requiere tratamiento continuo, lo que suma una capa más de vulnerabilidad a su situación.

Violencia de género, fallas del sistema y necesidad de políticas con enfoque de derechos

La secretaria ejecutiva de la CEDHBC, Ixchelt Guadalupe Barboza, detalló que el estudio confirma que la mayoría de las mujeres privadas de la libertad ha enfrentado algún tipo de violencia antes de su detención. El 73.5% manifestó haber sufrido violencia en alguna etapa de su vida, pero solo el 13.9% presentó denuncia. Además, el 55.6% señaló que no contaba con una red de apoyo en el momento en que ocurrieron los hechos.

En los casos de violencia sexual, el diagnóstico indica que el 87% de las personas agresoras eran integrantes de su propia familia.

El documento también identifica fallas del sistema de justicia que profundizan las desigualdades, como la prisión preventiva prolongada y la insuficiencia en la defensa legal. El 42.6% de las mujeres entrevistadas contó con defensa pública y únicamente el 39.90% tiene sentencia; el resto permanece en espera de una resolución judicial.

El informe registra que el 26% de las mujeres dijo que sus parejas estuvieron involucradas en el delito por el cual se encuentran privadas de la libertad, y que el 20% ha reincidido. Además, el 50.1% no recibe visitas, lo que impacta en sus vínculos familiares y en sus posibilidades de reinserción social.

Los resultados completos del diagnóstico pueden consultarse en la página oficial de la CEDHBC, a través del enlace difundido por la propia institución.

Finalmente, Jorge Álvaro Ochoa Orduño subrayó que este diagnóstico busca servir como herramienta para la construcción de políticas públicas más justas, con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad.

“Para que esto sea posible, es fundamental que las acciones gubernamentales se centren en prevenir la criminalización de mujeres en situación de riesgo, garantizar el acceso efectivo a la justicia, focalizar la atención en zonas con mayor rezago social y fortalecer los procesos de reinserción social”, sostuvo.

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