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Colectivos presentan análisis que evidencia obstáculos en el acceso a la justicia para víctimas de violencia vicaria en Baja California

TIJUANA.– Tras casi tres años de acompañamiento a madres víctimas de violencia vicaria, organizaciones civiles presentaron un análisis que documenta los principales obstáculos y desafíos que enfrentan estas mujeres para acceder a la justicia en Baja California. El documento fue elaborado por el colectivo CESODI, la Red de Mujeres Unidas por Baja California A.C. y el colectivo YEUANI A.C.

Durante la presentación, Estefanía Plascencia, integrante de CESODI, afirmó que la situación permanece prácticamente igual que hace tres años, sin avances significativos en la atención institucional. Explicó que el análisis busca mostrar las fallas documentadas y proponer rutas para atenderlas. “Hay una falta de voluntad de las instituciones responsables de ayudar a las madres. Falta voluntad para hacer las cosas”, señaló.

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Elsa Alejandra Jiménez Larios, coordinadora de la investigación, expuso que uno de los pocos avances se registró en el ámbito legislativo, donde se reformó la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal. Subrayó que en Baja California la violencia vicaria está reconocida en la fracción G del artículo 6 de la ley, sin embargo, muchas instituciones no registran los casos bajo esta figura, lo que genera rezagos en la investigación y afecta directamente a niñas, niños y adolescentes.

Las organizaciones identificaron que en 60% de los casos los agresores trasladan a los menores a otras entidades del país, lo que obliga a coordinar investigaciones entre estados y genera demoras significativas. Además, en aproximadamente 40% de los expedientes, los responsables cruzan a los menores hacia otro país, un fenómeno que se agrava en Tijuana por su ubicación fronteriza.

El tiempo promedio para recuperar a las niñas y niños es de entre año y medio y dos años, periodo en el que las secuelas emocionales y psiquiátricas pueden ser severas. De acuerdo con el análisis, muchos de los menores presentan condiciones como autismo, TDAH o Asperger, lo que los hace especialmente vulnerables a los efectos de la instrumentalización y separación prolongada.

Aunque CESODI ha logrado la recuperación de algunos menores, persiste una falta de acompañamiento institucional en la fase de revinculación familiar. Señalaron también la ausencia de un sistema de información confiable, a pesar de que la Ley de Acceso establece su obligatoriedad. Las investigaciones suelen clasificarse como violencia familiar, por lo que no se conoce cuántos casos de violencia vicaria se encuentran en la Fiscalía.

Finalmente, las organizaciones advirtieron que no existen protocolos claros para atender denuncias y procesos judiciales por violencia vicaria en distintas dependencias gubernamentales. Instaron a las autoridades estatales a fortalecer su compromiso institucional y garantizar una atención efectiva e integral para las víctimas y sus hijos e hijas.

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