TIJUANA – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra cinco personas y quince empresas vinculadas a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, organización criminal con fuerte presencia en Baja California.
Entre los nombres señalados en la investigación y sanciones se encuentran:
René Arzate García y Alfonso Arzate García, operadores prominentes de Los Mayos en Baja California.
Jesús González Lomelí, empresario restaurantero y financiero de la facción, acusado de lavar millones de dólares a través de bares, resorts y otros negocios en Rosarito.
Candelario Arcega Aguirre, señalado como operador político que habría colaborado con el cártel en influir decisiones municipales y facilitar protección, particularmente en Rosarito.
Hilda Araceli Brown Figueredo, ex alcaldesa de Rosarito y actual diputada Federal por Morena implicada también por supuesta cooperación con la red criminal para permitir operaciones ilícitas y corrupción local.
Las autoridades estadounidenses destacaron que esta célula no sólo mantiene operaciones de trasiego de drogas y lavado de dinero, sino que ha consolidado un control territorial en municipios fronterizos como Playas de Rosarito, donde se le relaciona con actividades de extorsión, secuestro y corrupción de mandos locales.
De acuerdo con la OFAC, parte de la red criminal opera mediante acuerdos con autoridades municipales y estatales, lo que ha facilitado su permanencia en la región y el manejo de negocios aparentemente legales que sirven como fachada para lavar recursos ilícitos. Estas sanciones, que congelan activos en territorio estadounidense y prohíben transacciones financieras, buscan frenar los flujos económicos que fortalecen a la organización.
La acción se da días después de la visita a la frontera del subsecretario del Tesoro, John K. Hurley, quien sostuvo encuentros con autoridades mexicanas para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al fentanilo.
“Imperio del Paseo Marítimo”: red criminal y política en Playas de Rosarito
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) reveló que la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa consolidó en Playas de Rosarito un entramado criminal y financiero conocido como el “Imperio del Paseo Marítimo”, en el que participaron empresarios, operadores políticos y autoridades locales.
De acuerdo con el informe, el control territorial recae en Alfonso y René Arzate García, mejor conocidos como Los Arzate, quienes han convertido a Rosarito en un punto estratégico para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, debido a su ubicación a solo 15 millas de la frontera.
Red de negocios y lavado de dinero
El empresario Jesús González Lomelí aparece como uno de los principales operadores financieros del cártel en la zona. A través de bares, restaurantes y centros nocturnos, entre ellos Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, González habría lavado millones de dólares en ganancias ilícitas para los Arzate y otros líderes de alto rango como El Ruso.
La OFAC señaló también a 14 empresas vinculadas a González, entre ellas Grupo Hotelero JJJ, Complejo Turístico JJJ, Sunset Servicios Gastronómicos y Cavally Antro & Bar, que operaban como fachada para el movimiento de capitales ilícitos.
Colusión política en Rosarito
El informe detalla además que la red criminal utilizó influencias políticas para garantizar su operación. El operador Candelario Arcega Aguirre, en coordinación con González, habría tejido una relación con la entonces alcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, lo que permitió colocar a aliados en puestos clave del gobierno municipal y garantizar protección a las actividades del cártel.
Durante la administración de Brown, según las autoridades estadounidenses, se facilitó el cobro de extorsiones en nombre de los Arzate y se blindaron las operaciones criminales a través del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito.
Sanciones y consecuencias
La OFAC designó a Mario Alberto Herrera Sánchez, Karlo Omar Herrera Sánchez, Jesús González Lomelí, Candelario Arcega Aguirre y Hilda Araceli Brown Figueredo bajo la Orden Ejecutiva 14059 y 13224, lo que implica el bloqueo de propiedades y la prohibición de cualquier transacción financiera dentro de Estados Unidos o con empresas estadounidenses.
El gobierno norteamericano también sancionó a la empresa de transportes Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio S.A. de C.V., propiedad de Arcega, por su presunta participación en las operaciones del cártel.
Con estas acciones, la administración estadounidense busca desmantelar lo que describen como un “corredor crítico” para el contrabando de drogas hacia su territorio, que se habría sostenido gracias a la alianza entre crimen organizado, empresarios y actores políticos locales en Baja California.
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ReporteBC 