TIJUANA.— La Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California determinó no aprobar la cuenta pública 2023 del gobierno municipal de Tijuana, encabezado por Monserrat Caballero Ramírez, luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASEBC) detectara diversas inconsistencias por cientos de millones de pesos.
Entre las observaciones más relevantes se encuentra el uso indebido de recursos por parte del administrador de presidencia, quien emitió cheques a su nombre por 13.4 millones de pesos como supuesto reembolso de caja chica, además de pagar más de 11 millones en consultorías a un solo proveedor, sin cumplir los procedimientos de contratación.
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También se reportaron pagos no justificados por 750 mil pesos en obras públicas, omisiones en la transferencia total de recursos al programa de cruce ágil —dirigido a usuarios de servicios médicos y turismo de negocios— y adjudicaciones directas por más de 210 millones de pesos que debieron realizarse mediante licitación.
Asimismo, se detectó duplicidad en servicios tecnológicos por más de 10 millones de pesos, falta de evidencia en la recepción de servicios contratados por 4.6 millones, y incumplimientos por parte de dos proveedores en contratos que superan los 18.8 millones de pesos.
La cuenta pública será sometida a votación en una sesión próxima del Congreso del Estado, donde se determinará su aprobación o rechazo formal.
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