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EE.UU. impone arancel al tomate mexicano; peligran 500 mil empleos en el país

ENSENADA.– La industria tomatera mexicana enfrenta un fuerte revés económico tras la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de cancelar el Acuerdo de Suspensión del Tomate, vigente desde 1996, e imponer un arancel al producto nacional. La medida pone en riesgo hasta 500 mil empleos directos y compromete exportaciones por 2 mil 800 millones de dólares anuales, advirtió Walberto Solorio Meza, presidente del Consejo Agrícola de Baja California.

De acuerdo con Solorio Meza, la decisión afecta de forma directa a la producción en Baja California, especialmente en San Quintín, donde se destina el 90% de la cosecha a exportación, equivalente a 500 o 600 millones de dólares anuales. Esta región, junto con Baja California Sur, representa cerca del 20% del total nacional.

“Productores que planeaban sembrar 50 hectáreas ahora están reduciendo a 25 o 30. Esto significa un recorte muy significativo”, señaló Solorio Meza.

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El dirigente explicó que el nuevo arancel no responde a temas de seguridad fronteriza, sino a una disputa comercial iniciada en 1996 por productores de Florida, quienes acusaron a México de incurrir en prácticas de «dumping». Aunque en su momento se firmó un acuerdo para suspender las sanciones, este vencía cada cinco años, y en 2025 el gobierno estadounidense optó por no renovarlo.

El impacto no solo se verá reflejado en la caída de exportaciones, sino también en la posible reducción de la superficie cultivada, lo que afectará la economía local, empleos temporales, jornaleros, y toda la cadena de valor agrícola.

La producción de tomate en Baja California se concentra entre mayo y diciembre, principalmente en los valles de San Quintín, Maneadero, Valle de la Trinidad y San Vicente. Sin embargo, ante el nuevo escenario, muchas empresas podrían detener operaciones o buscar cultivos alternativos, si el impacto financiero no se compensa.

Solorio Meza informó que el Consejo Agrícola trabaja en coordinación con autoridades federales y despachos legales para buscar una salida negociada que permita establecer un nuevo acuerdo de suspensión con Estados Unidos.

“Estuvimos en Washington, ya habíamos anticipado esta posibilidad. Ahora se requiere voluntad política y gestión diplomática para proteger a nuestras comunidades rurales y garantizar la continuidad de una industria vital”, añadió.

Finalmente, recordó que el tomate es el tercer producto agrícola más exportado por México, y al tratarse de un insumo perecedero, con una cadena de oferta y demanda sensible, los consumidores estadounidenses no absorberán el costo del arancel, por lo que la afectación será generalizada en el sector.

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