
Lindero Norte, la columna
En la política el único lenguaje válido es la congruencia.
Una cosa es tan clara como cierta. Monserrat Caballero, Armando Ayala y Darío Benitez son alcaldes que responden a intereses particulares por encima del proyecto de Nación de la 4T, de los planteamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los habitantes de ciudades que los mandatan y hasta de las buenas costumbres y la lógica.
Se dicen morenistas y lopezobradoristas pero sus intereses están comprometidos con los designios del exgobernador Jaime Bonilla Valdez.
Sombras de la sombra.
Las reformas constitucionales en materia de seguridad responden a la violencia que se registra en la entidad, sobre todo de las ciudades de la Zona Costa, y al fracaso del modelo instrumentado en la última administración estatal.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se inscribe en un modelo impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las modificaciones a la Fiscalía General del Estado son obligadas para complementar un diseño que beneficiará a la población.
Esa es la apuesta de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Por una parte la prevención efectiva y real que inhiba los delitos, donde las corporaciones policíacas municipales tendrán que asumir su responsabilidad con los ciudadanos y la fuerza estatal la presencia efectiva y la labor de inteligencia.
Por otra que la FGE deje de ser la simple entidad contadora de los delitos, sobre todo de las víctimas de asesinatos, que investigue y judicialice los actos ilicitos para disminuir la impunidad desbocada en Baja California.
Los resultados abonarán al programa de 50 municipios prioritarios del país, donde se encuentran las ciudades bajacalifornianas y Tijuana encabeza la lista de las más violentas, según el Gobierno de México.
¿Además de sujetarse al interés de Bonilla, sus arrebatos y ralentizar las políticas públicas en favor de la comunidad, cuál es la apuesta de Caballero, Ayala y Benítez?
Los cabildos de Tijuana, Ensenada y Rosarito tienen la palabra.
Ya se pronunciaron Mexicali y Playas de Rosarito.
Están pendientes los cabildos de San Quintín y de San Felipe.
Es tiempo de definiciones que sustituyan lo retrógrada y los acuerdos sostenidos en los sótanos de la política.