
TIJUANA, BC.- Desde que inició su gestión al frente del XXII Ayuntamiento, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, ha pregonado que en su equipo de trabajo nadie va a robar, sin embargo, en los hechos la realidad es todo lo contrario a sus dichos.
Bastaron cuatro meses para que el titular de la Dirección de Asuntos Internos de la Sindicatura Procuradora, Jorge Agraz Fitch, fuera exhibido en una grabación extorsionando al propietario de un bar.
Agraz Fitch dos o tres días después del escándalo presentó su renuncia al cargo como director de asuntos internos. Al respecto, la síndico procuradora, Ana Marcela Guzmán, ignoró la situación.
La “dama de hierro” se cruzó de brazos y ni siquiera se ocupó de investigar el supuesto caso de extorsión, aduciendo que la parte acusadora no había ratificado su denuncia en la oficina donde despacha.
Luego, en el mes de agosto una ciudadana se apersonó en la oficina del segundo nivel de palacio municipal, para presentar una queja, esta vez contra dos funcionarios públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE).
Los empleados del XXII Ayuntamiento señalados son: Corina López Zúñiga, jefe de departamento de usos de suelo y Ricardo Guereña Castro, jefe del departamento de edificación.
Ambos han hecho mancuerna para otorgar dictamen de factibilidad de uso de suelo, y licencia de construcción, en favor de una estación de gas LP, a pesar de existir una moratoria autorizada en cabildo desde noviembre del 2016.
En este caso, ni la “dama de hierro” ni el alcalde Juan Manuel Gastélum, se han pronunciado al respecto, tampoco han emitido alguna sanción en contra de los funcionarios.
Así ¿cómo le creemos al alcalde?, ¿quién tomará con seriedad sus palabras al hablar de honestidad en su gobierno?
Por más que en su “evento de lucimiento” o si lo prefiere “informe de actividades” con motivo de su primer año de su gestión, haya gritado que “en este gobierno nadie va a robar, y quien meta las manos se le quema”, la realidad es que Gastélum encabeza un gobierno de incongruencias.
Con este tipo de acciones y otras, que no tardan en trascender a luz pública, queda en evidencia que en su administración los funcionarios vienen a servirse y a enriquecerse.