En los primeros siete meses del 2017 en la ciudad se registraron mil 690 robos con violencia en comercios del municipio, la mayoría en la periferia de Tijuana, en promedio unos 7.9 atracos por día.

Pero ni las cifras, ni los reclamos de los comerciantes, fueron suficientes para que la autoridad municipal actuara contra los maleantes.

El gobierno municipal lucía aletargado, más preocupado por hacer negocios millonarios, que por garantizar la seguridad de sus gobernados.

Pero fue hasta el 27 de agosto que un par de asaltantes cometieron la osadía de robar el restaurante La Espadaña, que el sector empresarial se escandalizó.

A grado tal, que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que aglutina a los del poder económico de la región, se pronunció contra la autoridad municipal y exigió resultados pronto.

Solo así el XXII Ayuntamiento, que encabeza Juan Manuel Gastélum Buenrostro, reconoció el grave problema que se registra en la ciudad, no de hoy, desde hace varios meses.

Primero, Gastélum evadió los cuestionamientos -como es su costumbre- pero «instruyó» a Raúl Felipe Luevano Ruíz, secretario de Gobierno; Marco Antonio Sotomayor Mezcua, secretario de Seguridad Pública Municipal y Luis Felipe Chan Baltazar, director de Policía y Tránsito Municipal.

A tres días del agravio al sector gastronómico y obligado por las circunstancias, Gastélum Buenrostro, justificó -de forma inverosímil- el por qué no habló con la prensa del tema de inseguridad.

Es lamentable ver que al XXII Ayuntamiento, no le importa la crisis de inseguridad en la que viven los comerciantes de la periferia de la ciudad y actúan solo al chasquido de los dedos de quienes tienen el poder económico de la región.

Pero más triste que la seguridad esté al servicio de una clase privilegiada.