TIJUANA, BC.-En cuanto la segunda sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, notificó al gobierno municipal la suspensión provisional de la acción ejercida contra la cancelación de los sitios de los Taxis Amarillos en las inmediaciones de la garita internacional de San Ysidro, la Secretaría de Gobierno inició una campaña de linchamiento contra la magistrada Flora Arguilés Robert.

Primero fueron los señalamientos en su contra por supuesta corrupción, de actuar con desconocimiento de las leyes, luego la solicitud de juicio político, hoy, ni siquiera un “usted disculpe”, por parte de Raúl Felipe Luévano Ruíz, titular de la Secretaría de Gobierno, quien dio pie a la acometida contra la magistrada.

Y es que Raúl Felipe Luévano, acusó (sin pruebas) a la magistrada de corrupta, de atentar contra el interés general de los tijuanenses, estas imputaciones fueron llevadas a redes sociales por la prensa militante, esa que se especializa en impulsar campañas de difamación en contra de quien sea considerado enemigo del gobierno municipal.

Así, fue cuestión de horas para que en las redes, la jauría de todólogos, opinólogos, propinaran una madriza a la magistrada, acusándola, sin pruebas de corrupta.

De las declaraciones, Raúl Felipe pasó a los actos y el 26 de julio, el secretario de gobierno, acudió a Mexicali a solicitar juicio político y la destitución inmediata de Arguilés Robert.

Ese día el secretario de gobierno declaró que el actuar de la magistrada desnuda la moral y toma decisiones con desconocimiento del derecho y la justicia, y estas acciones son en contra de la esencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado, lo que reavivó en las redes los señalamientos contra la magistrada.

Apenas el 20 de agosto, la Secretaría de Gobierno difundió que la segunda sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, a cargo de la magistrada Flora Arguilés Robert, dio marcha atrás a la suspensión provisional que el mes pasado le había otorgado al grupo de Taxis Amarillos para que regresaran a los sitios que mantenían ocupados en el área de las garitas San Ysidro-El Chaparral.

Al respecto, Luévano Ruíz solo expresó un: «Celebro que se haya ponderado el interés general de velar por el bienestar de la ciudadanía por encima de intereses particulares de grupos».

Así es, el secretario de gobierno, no tuvo el valor de ofrecer públicamente una disculpa por las acusaciones en contra de la magistrada Flora Arguilés Robert. Si bien Luévano Ruíz, no está obligado a ofrecer una disculpa, sí queda claro que él aplica la de: «cuando un juez resuelve a mi favor, está bien, si resuelve en mi contra es corrupto».