TIJUANA.-El grupo parlamentario del PRI de la XXII Legislatura de Baja California, propuso en sesión ordinaria la eliminación del financiamiento público a partidos políticos, aplicar medias de austeridad a los gobiernos estatal y municipales, así como la reorientación del gasto público, además de garantizar el respeto a la libertad de expresión.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestaron su interés por impulsar temas que beneficien a los bajacalifornianos y así mejorar su calidad de vida.

El diputado Bernardo Padilla Muñoz, propuso un punto de acuerdo en el que se exhorta a los diversos servidores públicos del estado para suscribir el compromiso: “austeridad de los gobiernos de Baja California, en beneficio de la economía familiar”.

En dicho documento se exhorta al gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, a los alcaldes; Mirna Rincón, Rosarito; Nereida Fuentes, Tecate; Marco Novelo, Ensenada; Juan Manuel Gastélum, Tijuana y Gustavo Sánchez, Mexicali a implementar medidas de austeridad como: no incrementar el salario de los servidores públicos de confianza, no crear plazas laborales en 2017, no adquirir vehículos (a excepción de patrullas, ambulancias) eliminar el 100 % de gastos de telefonía celular y gasolina de las dependencias, entre otras.

En cuanto a la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, el coordinador del GPPRI, Alejandro Arregui Ibarra, dijo que por respeto y responsabilidad con quienes nos eligieron, decidimos presentar esta iniciativa que está relacionada a que ni un peso más de los impuestos de los bajacalifornianos deberá ser usado por los partidos políticos.

Este año está previsto que los partidos políticos de Baja California reciban 121 millones de pesos por concepto de financiamiento público. Los bajacalifornianos han sido claros y exigen que sean los propios partidos los que busquen recursos privados para su sostenimiento, expuso Arregui Ibarra.

La iniciativa es como respuesta a los reclamos que se han escuchado, que exigen que sea el gobierno y los partidos los que se ajusten el cinturón, ante esta situación de incertidumbre económica.