Advierte que la sociedad reclama cada vez con más fuerza castigo a los abusos perpetrados desde el poder

 

CIUDAD DE MEXICO.- Tras exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investiguen las denuncias de intimidación y chantaje en contra de periodistas de Baja California, la diputada federal Nancy Sánchez Arredondo acusó a Francisco Vega de Lamadrid, de ser “un mal gobernador” que maquilla su imagen coartando a los comunicadores.

En conferencia de prensa ofrecida en la Cámara de Diputados, la legisladora federal señaló que el paso de la historia es claro y contundente y que la sociedad alza su voz cada vez con más fuerza y reclama con toda razón, un alto y un castigo a los abusos perpetrados desde el poder.

“Este día he presentado un exhorto a la Procuraduría General de la República, para que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión, abra una investigación al gobierno del estado de Baja California, que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, por un tema que afecta a los  comunicadores de este estado”, dijo.

Recordó que el pasado 11 de noviembre, mediante un desplegado dirigido a la opinión pública, al gobernador del Estado de Baja California, a los diputados federales y a los legisladores locales, entre otros funcionarios, 42 reconocidos periodistas firmaron un desplegado en el que denuncian las acciones de intimidación y chantaje promovidos desde el Gobierno del Estado en contra de las periodistas Adela Navarro Bello y Dora Elena Cortés, directoras del semanario Zeta y la Agencia Fronteriza de Noticias, respectivamente.

“Dos comunicadoras con una larga trayectoria de trabajo que ejercen con valentía el periodismo crítico, el que exhibe e incomoda a las autoridades, son el centro de una campaña orquestada desde el poder, cuyo fin es el sometimiento sin reparar en formas ni recursos”, indicó.

En su mensaje, la diputada Sánchez Arredondo dijo que Adela Navarro Bello y Dora Elena Cortes Juárez  enfrentan una batalla desigual por ejercer a plenitud su derecho a informar y a criticar los desaciertos de una administración donde la transparencia y la rendición de cuentas brillan por su ausencia.