Propone topes para la deuda pública, así como licitaciones públicas al contratarla y que la misma se avale por mayoría calificada en el Congreso del Estado

 

BAJA CALIFORNIA.- Con el fin de transparentar el manejo de las finanzas públicas, prevenir endeudamientos irresponsables, y avalar con decisiones colegiadas cualquier crédito contratado, el diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho presentó, ante el pleno de la 22 legislatura del Congreso estatal, la ley de Disciplina Financiera para el Estado de Baja California y sus municipios.

El parlamentario tijuanense recordó que, el pasado 27 de abril, se publicó la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en el Diario Oficial de la Federación, por lo que “resulta obligatorio observar los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera, con el propósito de asegurar un manejo honesto y sostenible de las finanzas públicas”.

“En este tenor, Baja California no puede estar al margen de esta política nacional. Debe atender este llamado en favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, contra la corrupción, la falta de austeridad e ineficiencia en el gasto público”, expresó.

“Bajo esta perspectiva, mediante la presente iniciativa de ley, y en congruencia con las políticas nacionales impulsadas por el Ejecutivo Federal, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, reitera, ante los bajacalifornianos, un compromiso renovado a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas públicas, con el fin de garantizar la estabilidad financiera del Estado y de sus municipios y, por ende, el desarrollo socioeconómico de sus habitantes”, añadió.

Corona indicó que la ley en comento propone “que los gobiernos estatales y municipales solamente puedan adquirir créditos enlas instituciones financieras que ofrezcan las mejores condiciones de mercado.

“Por ejemplo, se deberá implementar un proceso competitivo con cinco diferentes instituciones financieras, por lo menos, cuando el Gobierno del Estado requiera de financiamientos por un monto mayor o igual a 40 millones de unidades de inversión; o bien, cuando un gobierno municipal requiera de un financiamiento por un monto mayor a 10 millones de unidades de inversión, a un plazo de pago superior al de un año”, explicó.

“Así mismo, y cuando los financiamientos requeridos excedan de 100 millones de unidades de inversión, se prevé la obligación de llevar el proceso de contratación mediante licitaciones públicas, con el fin de transparentar, comprobar y garantizar las mejores condiciones de mercado”, agregó.

“Además, se establecen límites al techo de financiamiento, de acuerdo al nivel de endeudamiento del Gobierno del Estado y de sus municipios.

“De igual forma, se propone que la contratación y los montos máximos de deuda pública, se aprueben por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, y ya no por mayoría simple”, detalló.

“Y se especifica que la deuda contratada solamente podrá aplicarse a inversiones públicas productivas, para mejorar las condiciones de endeudamiento, o destinarse a refinanciamiento, evitando de esta manera que se utilice, entre otros conceptos, para gasto corriente”, precisó.

Otra propuesta de gran relevancia, consiste en que “por lo menos el 50% de los ingresos excedentes, es decir, de los recursos que se obtengan de manera adicional a los aprobados en la ley de Ingresos correspondiente, se deben utilizar para el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, así como a los fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones”, externó.

Corona resaltó que el grupo parlamentario tricolor está atento a las demandas ciudadanas y presto para abanderarlas: “Esta nueva generación del PRI en el Congreso viene a hacer las cosas diferentes. Estamos comentando las cosas como van. No tenemos nada que ocultar, y lo más importante de esto es poder avanzar”.